Investigación de la campaña Petro Presidente: recusan a miembro de la Comisión de Acusación por cercanía al Pacto Histórico

Gustavo Petro, presidente de Colombia, enfrenta un nuevo obstáculo en las investigaciones sobre su campaña electoral. Una recusación presentada por el representante Christian Garcés, del Centro Democrático, busca apartar al congresista Alirio Uribe, del Pacto Histórico, de su rol en la investigación.

Garcés argumenta que la cercanía política de Uribe con Petro podría comprometer la imparcialidad del proceso.

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El documento de recusación, conocido por RCN Radio, destaca que Uribe fue cabeza de lista de la Coalición Pacto Histórico en Bogotá, lo que lo vincula directamente con la campaña presidencial de Petro.

Además, se señala que Uribe ha expresado públicamente su apoyo al presidente, lo que, según Garcés, podría influir en su capacidad para llevar a cabo una investigación objetiva.

La recusación se centra en la posible parcialidad de Uribe debido a su afiliación política y su apoyo al presidente. Garcés sostiene que esta relación podría impedir una investigación exhaustiva y transparente sobre las acusaciones de financiación irregular y violación de topes en la campaña de Petro.

“No se podría esperar compromiso, celeridad ni profundidad en las investigaciones”, se lee en el documento citado por el medio.

El proceso contra Petro se encuentra en un punto muerto hasta que la Comisión de Acusación de la Cámara decida sobre la recusación.

Esta comisión, compuesta por 18 representantes, deberá determinar si acepta o rechaza el recurso. Aunque la comisión tiene programada una sesión para el 30 de octubre, la discusión sobre la recusación no está en la agenda del día.

Alirio Uribe Muñoz, abogado y defensor de derechos humanos, fue elegido en 2022 como representante a la Cámara por Bogotá, integrando la lista del Pacto Histórico.

Nacido el 28 de noviembre de 1960 en Bucaramanga, ha sido copresidente de la Comisión Accidental de Paz y miembro de la Comisión Primera, desempeñando un papel clave en el gobierno de Gustavo Petro.

Uribe inició su carrera en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, trabajando en casos emblemáticos de derechos humanos.

En 2013, se lanzó a la política con el Polo Democrático, logrando su primer mandato en 2014, aunque no fue reelegido en 2018. Tras su regreso al Colectivo, se unió al Pacto Histórico para las elecciones de 2022, donde fue elegido junto a otros siete representantes de Bogotá

El Consejo de Estado ha reafirmado que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la competencia para investigar la financiación de campañas electorales en Colombia, según un documento presentado recientemente ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Este documento, de 78 páginas, fue entregado por José Manuel Abuchaibe Escolar y menciona a varios congresistas, entre ellos Leonardo de Jesús Gallego, presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, y los congresistas Alirio Uribe, Wilmer Ramiro y Gloria Arizabaleta.

La denuncia presentada sugiere que estos representantes han tratado la investigación sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro como un asunto penal, cuando, según el denunciante, debería ser considerado un juicio político por “indignidad”.

El documento también señala que existen pruebas de violación de los topes electorales, diferenciando este aspecto de la investigación sobre la financiación de campañas con fuentes prohibidas, que correspondería a un proceso penal.

El artículo 109 de la Constitución colombiana establece que la violación de los límites de financiación puede llevar a la pérdida de investidura, lo que implica que no se han presentado acusaciones penales directas contra el presidente Petro, sino que se busca determinar si hubo violaciones a la normativa electoral.

La denuncia subraya que, si se comprueba la violación de los topes de financiación, esto no constituiría un delito, sino que podría llevar a una acusación de “indignidad por mala conducta”, según lo interpretado por la Corte Constitucional.

El documento también destaca que, aunque el CNE tiene la autoridad para investigar la financiación de campañas, la Comisión de Acusación es la única entidad que puede destituir al presidente.