Uber, Didi, Cabify y demás plataformas de transporte podrían operar sin restricciones en Colombia: esto es lo que dice el proyecto de ley

Un grupo de congresistas de diversos partidos políticos presentaron un proyecto de Ley Estatutaria en el Congreso de la República que busca regular las plataformas de transporte en el país.

Esta iniciativa tiene como objetivo actualizar la normativa vigente para permitir que vehículos particulares ofrezcan servicios de movilidad a través de aplicaciones digitales, informaron los parlamentarios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El documento fue presentado por María del Mar Pizarro (Pacto Histórico), Alfredo Deluque (Partido de la U) y Heráclito Landinez (Pacto Histórico), pero también es de autoría de Humberto De La Calle (Partido Verde Oxígeno), Julio Alberto Elías Vidal (Partido de la U), Julián David López Tenorio (Partido de la U), Carlos Ardila (Partido Liberal) y Katherine Miranda (Partido Verde).

El proyecto de ley pretende legalizar el uso de aplicaciones de movilidad, que actualmente operan sin un marco regulatorio claro.

La propuesta busca que tanto conductores de vehículos particulares como taxistas puedan utilizar estas plataformas tecnológicas sin enfrentar restricciones, promoviendo así una competencia más equitativa en el sector del transporte.

Según los congresistas, la regulación de estas plataformas es necesaria para adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas y de movilidad que han surgido en los últimos años.

En la justificación del proyecto se lee: “A partir de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2023, que advierte que en las plataformas de movilidad se concreta el derecho humano a disfrutar de los avances científicos y tecnológicos, este proyecto de ley crea un marco que resuelve por fin las controversias sobre los vehículos particulares que prestan servicios a través de las plataformas de movilidad”.

La reciente propuesta legislativa busca establecer un marco normativo que reconozca el acceso a los avances científicos y tecnológicos como un derecho fundamental. Este derecho, según argumentan los legisladores, actúa no solo como independiente, sino también como una herramienta que facilita el ejercicio de otros derechos, como la libre movilidad.

En el ámbito del transporte, la tecnología ha facilitado el acceso a servicios de movilidad mediante plataformas digitales, transformando el ecosistema urbano.

En primer lugar, propone que el Estado tenga la obligación de no interferir en el uso de estas tecnologías, promoviendo su desarrollo y acceso equitativo, salvo ciertas limitaciones relacionadas con otros derechos relevantes y con el uso ético y seguro de dichas tecnologías.

“Salvo límites relacionados con otros derechos fundamentales, el uso ético y responsable de estos avances y/o la su seguridad y confiabilidad”, según el comunicado de prensa emitido por el grupo de congresistas.

La propuesta también busca asegurar que no se adopten medidas legislativas o administrativas regresivas, e incorpora una perspectiva de género para reducir las desigualdades que enfrentan las mujeres en el sector de movilidad. La normativa incluiría la posibilidad de que vehículos particulares presten servicios de movilidad mediante plataformas digitales, superando el actual marco regulatorio en Colombia.

“Actualiza la normatividad sobre transporte, para establecer explícitamente que los vehículos particulares podrán prestar servicios de movilidad intermediados por plataformas digitales, superando el atraso normativo que enfrenta Colombia en esta materia”, señala el documento.

Adicionalmente, la iniciativa establece obligaciones de seguridad, calidad y transparencia para estas plataformas y sus conductores. También propone la creación de una estrategia nacional de desregulación para el sector de taxis, con el objetivo de eliminar trámites y barreras, modernizando la regulación dentro de un plazo de un año.

“Por cuenta de lo anterior, el proyecto enfatiza que, en un contexto de rápida evolución tecnológica, la no regulación de este derecho pone en riesgo a la ciudadanía de no acceder plenamente a sus beneficios. Es por eso que el Estado tiene la obligación de remover barreras que limiten el acceso a tecnologías que mejoran la movilidad, la salud, la educación y otros servicios mediados por la tecnología”, finaliza la propuesta.