Estas son las razones detrás de la huelga de los wayuu: defensa de territorios y exigencias al Gobierno

El martes 29 de octubre, la comunidad Sumain Wayuú, en conjunto con otras 59 comunidades y organizaciones sociales, protagonizó una marcha en Riohacha, La Guajira, con un claro mensaje dirigido al Gobierno Nacional, la Gobernación de La Guajira y la alcaldía local: detener los desalojos judiciales que amenazan sus territorios ancestrales y garantizar el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, emitida por la Corte Constitucional, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en la región.

Esta sentencia ordenó al Estado colombiano implementar 210 medidas para asegurar derechos fundamentales como el acceso a la salud, agua potable, alimentación y participación para los niños, niñas y familias wayuu.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sin embargo, según las comunidades indígenas, la mayoría de estas disposiciones no se han cumplido, lo cual perpetúa la crisis humanitaria y compromete la supervivencia de los wayuu en sus territorios. Jazmín Romero Epiayu, líder de la comunidad Sumain Wayuú, expresó su inconformidad a medios locales: “El Presidente Petro nos da la espalda. Cuando vino a La Guajira, favoreció a las empresas eólicas y otros proyectos de explotación, en lugar de implementar una agenda para nuestra economía”.

Las comunidades wayuu denunciaron una grave situación de despojo de sus tierras, indicando que al menos 15 asentamientos ya fueron desalojados sin opciones de reubicación y que otras 36 comunidades enfrentaban desalojos arbitrarios. Según señalaron, estos desalojos buscaban abrir camino a proyectos de infraestructura que no contaban con las consultas previas que exige la ley, ignorando el derecho de las comunidades a decidir sobre el uso de sus territorios ancestrales.

Romero Epiayu describió los esfuerzos que las autoridades indígenas llevaron a cabo en búsqueda de un diálogo. Explicó que, después de agotar todas las instancias posibles, los líderes wayuu decidieron permanecer en asamblea permanente y organizarse en defensa de su territorio. Este esfuerzo incluye la creación de un equipo técnico, así como el fortalecimiento de alianzas con más de 63 comunidades wayuu, consolidando un frente común para enfrentar las amenazas de desalojo.

Ante la falta de atención por parte del Gobierno Nacional, los manifestantes exigieron la suspensión de los desalojos, medidas de reparación para las comunidades ya afectadas, protección para sus líderes, y la instalación de una mesa de diálogo en la que participen entidades como el Icbf y la Agencia Nacional de Tierras, con el fin de construir soluciones conjuntas para los conflictos territoriales.

Romero Epiayu enfatizó la profunda conexión cultural de los wayuu con su territorio y, en palabras de sus abuelos, expresó: “Movilizarnos del territorio es como aniquilar el sueño de los wayuu. Es como matar el espíritu de los wayuu”, recordando que preservar su vínculo con la tierra es fundamental para la supervivencia de su identidad cultural.

Esta problemática afecta profundamente el tejido social de las comunidades wayuu, cuyas tierras ancestrales no solo representan su lugar de residencia, sino el núcleo de su cultura, espiritualidad e identidad colectiva. Los desalojos arbitrarios y la falta de consultas previas para proyectos de infraestructura crean una fractura en las tradiciones comunitarias y el sentido de pertenencia, despojando a estas familias de la base sobre la que construyeron sus modos de vida y relaciones intergeneracionales.

Además, la pérdida de territorio conlleva graves implicaciones para la transmisión de conocimientos y costumbres, generando una ruptura en la continuidad cultural que amenaza la cohesión de las generaciones actuales y futuras de esta etnia indígena.

A nivel social, la ausencia de mecanismos de reparación y la falta de participación activa de los wayuu en las decisiones sobre sus territorios incrementan el sentimiento de desamparo y vulnerabilidad, lo que a su vez debilita la confianza en las instituciones estatales. La movilización y organización de la comunidad wayuu en defensa de sus derechos señala la necesidad de crear espacios de diálogo efectivo donde sus demandas sean atendidas y respetadas.