Surgió un nuevo episodio de desencuentros entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la procuradora General, Margarita Cabello, esta vez se trata del caso Pegasus, sobre todo, luego de que la alta funcionaria declarara que, tras meses de investigación sobre la supuesta compra y uso del software de espionaje durante el gobierno de Iván Duque, no existen pruebas que confirmen su adquisición o implementación en Colombia.
Durante su intervención el martes 29 de octubre en Bogotá, posterior al lanzamiento del micrositio de la Procuraduría para el monitoreo de sentencias de Justicia y Paz, Cabello indicó que: “Llevamos dos investigaciones, una a raíz de las quejas de los magistrados de las altas cortes, y otra a raíz de la alocución presidencial”. Además, la jefa del Ministerio Público añadió: “A hoy, podemos decirles que no hay rastros oficiales de existencia del programa”.
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En respuesta, Petro cuestionó públicamente la transparencia y la imparcialidad de la investigación realizada por la Procuraduría. A través de sus redes sociales, el presidente aseguró que Cabello “miente” en relación con los hallazgos —o más bien, la falta de ellos— sobre el programa Pegasus, generando una confrontación que ha escalado la tensión entre el Ejecutivo y el ente de control.
Las declaraciones de la procuradora ante los medios generaron molestia en el mandatario, ya que fue el propio presidente quien reveló la información sobre el software espía en una alocución a inicios de septiembre; sin embargo, la funcionaria destacó que no existen indicios de asignación de fondos para su adquisición.
“Ni hemos encontrado orden presidencial del presidente anterior de adquirirlo, tampoco hemos encontrado hasta ahora y estamos pidiendo rastros de que haya habido reservas de gastos o uso de gastos reservados o de dineros incautados para ello”, afirmó Cabello.
La intervención de la funcionaria abordó un tema que tiene en controversia al país, no solo por la gravedad de las denuncias relacionadas con el software, sino por la forma en que estos hechos fueron expuestos. El presidente detalló en diversas ocasiones cómo, quiénes y con qué motivos se habría adquirido el programa.
Estas revelaciones fueron tan significativas que El Grupo Egmont, una organización internacional que facilita la cooperación y el intercambio de inteligencia entre 177 países para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, tomó la decisión de suspender el acceso de Colombia a su plataforma de información confidencial.
Petro afirma que documentos extranjeros confirmarían la compra de Pegasus en 2021
Luego de la denuncia hecha por el presidente Petro, él mismo afirmó, a principios de octubre, que se realizaron dos vuelos desde Bogotá hacia Tel Aviv en aeronaves alquiladas, con tripulaciones conformadas exclusivamente por ciudadanos israelíes. El primer vuelo, según la información presentada por el mandatario, tuvo lugar el 26 de junio de 2021 y el segundo el 18 de septiembre del mismo año.
Petro detalló que, en uno de estos vuelos, llegaron cuatro ciudadanos israelíes, entre ellos el director de negocios de NSO Group, que, presuntamente, habría gestionado una transacción inicial de 5,5 millones de dólares por la adquisición de Pegasus. Posteriormente, en el segundo vuelo, llegó Ran Gonen, director general de la compañía mencionada, para llevarse un pago adicional por la misma cantidad, completando así un total de 11 millones de dólares.
Según las declaraciones del mandatario, estas operaciones fueron negadas repetidamente por el gobierno de Iván Duque, pero las pruebas entregadas por agencias de inteligencia extranjeras a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) confirmarían que el software sí fue adquirido por el Estado colombiano durante el estallido social de 2021.
NSO Group, en respuesta a estas acusaciones, emitió un breve comunicado en el que aseguró que todas las transacciones con Colombia se realizaron “de acuerdo con la ley y con la autorización y documentación adecuada en ambos países”.
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