Procuradora Cabello se refirió a la supuesta compra del software espía Pegasus: “No hay rastros oficiales de su existencia”

La presunta compra del software Pegasus, usado para espionaje, no deja de generar controversia en el medio político del país, luego de que el 4 de septiembre de 2024, el presidente Gustavo Petro denunciara en cadena nacional —a través de la exposición de un documento clasificado de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf)— la supuesta compra del programa cibernético de contrainteligencia al fabricante NSO Group, durante el mandato del entonces presidente Iván Duque.

Pero más allá de los pronunciamientos de un lado y otro, una de las grandes novedades es que la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó la adquisición del software espía por un valor de 11 millones de dólares.

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Sin embargo, en lo que parece ser un choque entre los organismos de control del país, se conocieron las declaraciones de la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, que en una rueda de presa del 29 de octubre de 2024 dijo que no se conocen rastros de esa presunta compra.

“Podemos decirles que no hay rastros oficiales de existencia del programa, ni hemos encontrado orden presidencial, del presidente anterior, de adquirirlo”, dijo la procuradora.

Agregó la funcionaria: “Tampoco hemos encontrado —hasta ahora estamos pidiendo rastro— de que haya habido reservas de gastos, o uso de gastos reservados, o de dinero incautados. Para ello seguimos con la investigación, pero evidentemente tengo que reiterarlo: no hay rastros de compra oficial de programa, no hemos encontrado rastros desde el Presidente de la República, que haya dado orden o autorización para comprar ese programa”.

“No hay evidencia hasta ahora del uso de gastos reservados o de incautación de dinero para esos gastos y para compras de ese programa y no hemos encontrado todavía rastros de existencia de ese programa en Colombia”, reiteró.

Este software es conocido por su capacidad para infiltrarse en dispositivos móviles y extraer información y ha sido objeto de controversia en varias naciones debido a su uso en la vigilancia de activistas, periodistas y políticos.

Por el contrario, la Fiscalía General de la Nación ha defendido la supuesta adquisición del programa espía de origen israelí, con el argumento de que es una herramienta necesaria para combatir el crimen organizado y el terrorismo. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han expresado su inquietud por el potencial abuso de este tipo de tecnología.

“La operación por once millones de dólares existió: hubo un primer pago, que fue en junio (2021), de 5,5 millones. De acuerdo con la información que se emite ahí, la alerta de operaciones sospechosas nos indica que el dinero llega en efectivo, en dólares americanos”, dijo la fiscal Camargo.

“Se tiene la certeza de que es así porque hay un formulario de operación cambiaria donde se registra el ingreso del dinero a Israel”, añadió.

Incluso, explicó el curso de las indagaciones, a partir de “posibles interceptaciones ilegales a funcionarios del poder judicial. En el marco de esa investigación, allegamos la información primera que nos arribó el presidente de la Uiaf, y empezamos a hacer una serie de verificaciones, las cuales no han sido fáciles porque no tenemos relaciones diplomáticas con Israel”.

El senador Iván Cepeda decidió ampliar su denuncia contra el expresidente Iván Duque en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, tras nuevas revelaciones sobre la presunta compra y uso del software espía Pegasus por parte del Gobierno del exmandatario.

Según informó El Espectador, Cepeda ahora acusa a Duque de delitos adicionales como lavado de activos, violación ilícita de comunicaciones y abuso de autoridad.

El senador fundamentó su acción en las recientes revelaciones de la prensa, que identificaron a los pilotos y tripulantes de los vuelos que supuestamente transportaron el dinero para adquirir el software de la empresa israelí NSO Group. Cepeda sostiene que estos hechos no eran conocidos al momento de su denuncia inicial y deben ser investigados.

En sus declaraciones, Cepeda enfatizó la necesidad de investigar los acuerdos comerciales internacionales bajo los cuales se realizó la transacción, y si estos respetaron los derechos fundamentales, especialmente en contextos sensibles como el estallido social y el ambiente preelectoral. Además, expresó su preocupación por el origen de los fondos utilizados para la compra de Pegasus.

La denuncia ampliada buscaría esclarecer si el dinero utilizado para adquirir el software espía proviene de fuentes ilícitas, lo que podría constituir un caso de lavado de activos.