La explotación sexual infantil sigue siendo uno de los mayores problemas y más grandes retos para las autoridades en Medellín. Aunque este año se han tomado varias medidas para hacerle frente, parece que siguen siendo insuficientes y por eso la ciudadanía empezó a involucrarse.
En una urbanización ubicada en Ciudad del Río, los residentes decidieron establecer reglas claras para evitar que esas viviendas sean usadas por criminales.
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Los residentes de esa urbanización decidieron prohibir los arrendamientos de corta duración, de acuerdo con información revelada por el medio local El Colombiano. Esta determinación ha generado un debate sobre la legalidad y el impacto de tales medidas en la ciudad.
Según informó el mismo medio, esta medida fue adoptada tras conocerse casos de explotación sexual de menores en la zona, vinculados a turistas extranjeros que se hospedaban a través de plataformas de alquiler.
El fenómeno de las viviendas turísticas ha sido un tema de discusión en Medellín y otras grandes ciudades del mundo, donde el turismo masivo ha alterado las dinámicas urbanas y sociales, además de afectar el mercado inmobiliario.
En El Poblado, una de las zonas más turísticas de la ciudad, se registraron 4.241 inmuebles destinados a este tipo de alquiler hasta julio de 2024, según datos de La Lonja.
La prohibición de arrendamientos menores a seis meses en esta urbanización podría ser el inicio de una tendencia en otras unidades residenciales de la ciudad, donde los vecinos buscan soluciones a los problemas de convivencia derivados del turismo.
Sin embargo, expertos consultados por El Colombiano consideran que estas restricciones podrían ser ilegales, lo que añade una capa de complejidad al debate.
El impacto económico del turismo es innegable, ya que representa una inyección de recursos y dinamiza el comercio local. No obstante, las consecuencias negativas, como la alteración de la convivencia y el aumento de delitos, han llevado a algunos residentes a considerar medidas más restrictivas.
Airbnb había anunciado medidas para aportar a la solución de esta problemática
Con la oleada de denuncias que surgieron en Medellín en 2024 por explotación sexual infantil, especialmente por parte de turistas extranjeros que suelen alquilar viviendas para su estadía en la ciudad, la Alcaldía y la plataforma de arrendamiento Airbnb habían anunciado una estrategia para hacerle frente al tema.
A mitad de 2024 Airbnb anunció que implementaría nuevas medidas en colaboración con la Alcaldía de Medellín. Este esfuerzo conjunto buscaba abordar un problema que ha afectado a la ciudad durante décadas, pero que ha cobrado mayor visibilidad en 2024 debido a una serie de casos que han puesto de manifiesto la falta de acciones preventivas.
En abril de 2024, un incidente en el que un ciudadano estadounidense fue sorprendido con dos menores en un apartamento alquilado a través de una plataforma digital, impulsó al alcalde Federico “Fico” Gutiérrez a considerar medidas drásticas.
Aunque no se llegó a prohibir los arrendamientos a corto plazo, Gutiérrez expresó su intención de hacerlo para combatir el abuso y la explotación sexual infantil. Este evento catalizó una serie de reuniones entre la administración local y representantes de Airbnb para encontrar soluciones efectivas sin recurrir a prohibiciones extremas.
Desde entonces, se han establecido mesas de trabajo entre la plataforma y la alcaldía. Estas reuniones han permitido discutir y acordar acciones concretas para prevenir delitos relacionados con la explotación sexual en la ciudad. “El trabajo que venimos haciendo con la plataforma es muy importante”, declaró el alcalde Gutiérrez, destacando la relevancia de estas colaboraciones para enfrentar el problema.
La explotación sexual, que afecta principalmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes, es uno de los desafíos más urgentes en la capital antioqueña. La colaboración entre el sector público y privado es vista como un paso crucial para abordar este flagelo de manera integral y efectiva.
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