La Comisión Primera del Senado aprobó el transfuguismo político de los congresistas: asi funcionará

La Comisión Primera del Senado aprobó el 29 de octubre en primer debate del acto legislativo que busca permitir a los congresistas cambiar de partido político sin enfrentar sanciones.

Esta iniciativa, que ha generado controversia, permitiría a los legisladores abandonar sus partidos actuales hasta un mes antes de la inscripción de candidaturas, facilitando su postulación por nuevos movimientos políticos.

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La propuesta, respaldada por aproximadamente sesenta legisladores de diferentes sectores, también incluye un aumento en el umbral de votación necesario para que las agrupaciones políticas obtengan su personería jurídica, elevándolo del 3% al 5%.

Esto endurecería los requisitos para acceder a una curul en el Senado y podría facilitar la transformación de coaliciones, como el Pacto Histórico, en un solo partido político.

La senadora Clara López Obregón expresó su apoyo a la medida tomada por la Comisión Primera, señalando que muchos se sienten “enjaulados” en el partido político del presidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico.

Ella enfatizó que la crisis de la democracia afecta a todos los partidos políticos, no solo a uno en particular. Sus comentarios se centraron en la defensa del Senador Chacón sobre la reforma del inciso 12 del artículo 108.

El senador Carlos Fernando Motoa se opone firmemente a la propuesta de transfuguismo, argumentando que esta movilidad política erosiona los partidos actuales y afecta a la oposición en el Congreso.

Anunció que votará en contra de la iniciativa, tal como lo ha hecho anteriormente, para proteger la integridad de los partidos políticos y evitar que se beneficie a un gobierno en particular.

Además, citó reflexiones del exprimer ministro británico Wilson Sarchin, subrayando que, aunque es posible cambiar de partido por principios y convicciones, no se deben alterar estos principios para favorecer a un partido específico.

Estos cambios surgen en el contexto del debate sobre las nuevas reformas que el Gobierno de Gustavo Petro busca implementar, entre las cuales se destaca la reforma judicial.

De acuerdo con El Nuevo Siglo, existen preocupaciones de que no sea aprobada debido a la reticencia del Congreso a modificar normativas que afectan intereses de partidos y congresistas, especialmente con las elecciones de 2026 en el horizonte.

Yann Basset, director del Observatorio Grupo de Estudio para la Democracia - Demos de la Universidad del Rosario, comentó que desde 2015 no se ha aprobado una reforma política importante en Colombia.

Según Basset, el clima actual no es favorable para tales cambios, debido a la proximidad de las elecciones y a la tensión entre el Gobierno y la oposición. Además, la oposición percibe la reforma como un intento del Gobierno de obtener ventajas para sus aliados, como la extensión de la personería jurídica de Comunes.

La reforma también propone cambios en la elección de magistrados del Consejo Nacional Electoral. La Comisión Primera de la Cámara introdujo el concurso de méritos, pero mantuvo que los magistrados sean elegidos por el Congreso.

Originalmente, el Gobierno había propuesto que la elección se realizara mediante una convocatoria pública organizada por la Rama Judicial, con la participación de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema.

Alejandra Barrios, directora ejecutiva de la Misión de Observación Electoral (MOE), expresó que la discusión en el Congreso se centra más en la conveniencia electoral que en la reorganización del sistema político.

En cuanto a la financiación de campañas, la propuesta sugiere un financiamiento 100% estatal, aunque Barrios indicó que este tema está abierto a discusión. Lo crucial, según ella, es la posibilidad de tener partidos democráticos que definan sus listas mediante procedimientos internos democráticos, en lugar de decisiones basadas en el poder económico.

Además, el discurso radicalizado del presidente ha complicado el ambiente para la aprobación de la reforma política. Herrera también criticó artículos de la reforma que considera inconvenientes, como el que permite a los partidos actuales conservar su personería jurídica independientemente de los resultados electorales de 2026.

Finalmente, Herrera cuestionó la legitimidad del Gobierno para modificar el Consejo Electoral, dado que hay investigaciones en curso sobre posibles irregularidades en los topes electorales de la campaña gubernamental.