Banqueros criticaron proyecto de descentralización del Gobierno Petro: “Cifra de la reforma al Sistema General de Participaciones debe ser sostenible”

Se encendió el debate por la potencial aprobación de la reforma del Sistema General de Participaciones, una iniciativa aumentaría el porcentaje de la transferencia monetaria de los ingresos corrientes del Gobierno central a las instituciones regionales, con el propósito de descentralizar al país.

Sin embargo, pese a que hasta el presidente Gustavo Petro dio luz verde a la iniciativa que sería aprobada el martes 29 de octubre de 2024, los puntos de vista están divididos, con especial oposición por parte en entidades e instituciones financieras y económicas, que apuntan el nuevo porcentaje no sería sostenible económicamente para el país.

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José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), por ejemplo, afirmó su preocupación por la reforma que se encuentra en su sexto debate en el Senado. Según López, la propuesta actual podría comprometer la sostenibilidad fiscal del país.

López, en declaraciones a La FM, dijo que aunque la descentralización es un objetivo necesario, la magnitud de los compromisos que se estarían transfiriendo a las entidades territoriales podría afectar el crecimiento económico de Colombia. La discusión, según él, debe ser llevada con responsabilidad para evitar riesgos a las finanzas nacionales.

“Es claro que las transferencias a los entes territoriales se han venido reduciendo y, desde Anif, hemos dicho que hay que avanzar en la descentralización. En este proyecto hemos hecho un orden que es insólito y que estamos discutiendo cuál es el monto de estas transferencias, y el reordenamiento de competencia”, dijo el directivo.

Desde la perspectiva de Anif, establecer una cifra fija para las transferencias sin definir competencias específicas podría llevar al gobierno a perder flexibilidad fiscal. López enfatizó que definir un monto sin considerar las competencias podría dejar al Gobierno sin espacio fiscal, lo que dificultaría la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

El presidente de Anif también mencionó que la fórmula propuesta en el proyecto de ley, inspirada en la Constitución de 1991, enfrenta desafíos contundentes en el contexto fiscal actual. Obligaciones como el pago de intereses y pensiones son desafíos adicionales que el gobierno central debe cumplir, lo que complica aún más la implementación de la reforma.

“En ningún momento estamos diciendo que no se debe hacer descentralización. Hemos dicho que se puede hacer, pero bien. La fórmula que se planteó en este proyecto es una fórmula que se copió de la Constitución del 91, esa fórmula en los 90 no se pudo cumplir y ahora es mucho más difícil cumplirla; ahora el Gobierno tiene más obligaciones (…) una de ellas es el pago de intereses y lo otro es pensiones. Llevamos por encima de tres puntos en PIB de pensiones”, estimó.

Además habló de la importancia de encontrar una solución que permita a las regiones desarrollar sus capacidades sin poner en riesgo las finanzas públicas.

“Hay que hacerlo con una fórmula que sea sostenible. No necesitamos más centralismo, necesitamos mirar cómo reformamos las capacidades y competencias de las regiones”, continuó en el diálogo con el medio radial.

En las horas de la mañana del 29 de octubre el ministro del Interior se comunicó con los periodistas de Blu Radio para dar a conocer su defensa sobre la iniciativa.

Su argumentó se fundamentó en que el Sistema General de Participación (SGP), busca fortalecer la autonomía territorial y reducir la dependencia de las regiones del poder central, desde su perspectiva. Según el ministro, esta reforma es crucial para abordar la desigualdad regional y mejorar la presencia del Estado en los territorios.

En cuanto a la sostenibilidad fiscal de la reforma, Cristo explicó que se ha llegado a un acuerdo con el ponente y el Ministerio de Hacienda para asegurarla durante 12 años, reduciendo la transferencia de los ingresos corrientes de la nación del 46% al 39.5%.

El ministro Cristo enfatizó que el centralismo ha “fracasado” en atender las necesidades de las regiones, lo que ha incrementado la desigualdad. La reforma al SGP no es solo un ajuste administrativo, sino un cambio en el modelo de distribución de los recursos del Estado, priorizando el fortalecimiento de los gobiernos locales. “El estado central no ha podido llegar a los territorios”, afirmó.