Luego de que el Consejo de Estado revocara la orden judicial que exigía al Invima implementar un plan para afrontar el desabastecimiento de medicamentos, la entidad decidió suspender la contratación de más de 200 profesionales, en su mayoría químicos farmacéuticos, quienes serían clave para llevar a cabo esta tarea, de acuerdo con información recopilada por el periódico El Espectador.
A pesar de lo anterior, la agencia sanitaria anunció que continuará el plan aunque enfrenta serias limitaciones presupuestales.
La decisión del Consejo de Estado se conoció el 23 de octubre de 2024 y dejó sin efecto la medida que en 2023 ordenaba al Invima resolver 27,904 trámites pendientes relacionados con medicamentos y alimentos.
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Aunque el Invima reportó avances en la reducción de estos retrasos, la falta de una base financiera sólida ha puesto en peligro la continuidad del proceso.
Apenas un día después del fallo, la Dirección de Medicamentos del Invima convocó a 230 personas a una reunión virtual donde se les informó que la adición presupuestal solicitada al Ministerio de Hacienda para el segundo semestre de 2024 no sería otorgada, motivo por el cual se cancelaba la contratación.
Varios profesionales presentes expresaron su malestar, ya que algunos habían realizado gastos y rechazado ofertas de trabajo para poder participar en el proceso.
Rossi explicó a El Espectador que el Invima esperaba que los fondos para esta contratación vinieran del Ministerio de Salud, pero los obstáculos administrativos impidieron la ejecución a tiempo. A pesar de estos problemas, el Invima busca implementar un rediseño interno a largo plazo.
La meta es reducir el tiempo de procesamiento de los registros sanitarios, aspirando a que el trámite se realice entre 20 minutos y una hora.
El presupuesto limitado que el Invima ha recibido en los últimos años también ha dificultado la expansión de su planta laboral.
Actualmente, el personal de la entidad es de 1,162 empleados, una cifra inferior a los 1,520 puestos autorizados en 2012 y muy lejos de los 3,371 que el Invima considera necesarios para cumplir con sus funciones.
Aunque solicitó $643,000 millones de pesos para 2025, el Ministerio de Hacienda solo le asignó $242,017 millones, muy por debajo del monto requerido.
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A pesar de los retos, Rossi aseguró que se están explorando otras fuentes de financiamiento, incluyendo apoyo de la Andi, cámaras de comercio y organismos internacionales.
La prioridad, sostuvo el director, es hacer un rediseño gradual que permita al Invima afrontar las necesidades de manera sostenible, aunque aclaró que esto implicará sacrificios, especialmente mientras se busca evacuar los trámites pendientes e implementar el nuevo modelo.