La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá inició una investigación disciplinaria y penal contra un agente policial, acusado de presunto abuso de fuerza y autoridad contra un menor de 13 años.
El incidente tuvo lugar el jueves 24 de octubre en la comuna 3, en el barrio Manrique, durante un control rutinario de seguridad. Según la versión oficial, el uniformado detuvo al menor, quien se desplazaba en motocicleta, para un procedimiento de control.
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En el relato oficial se indica que el menor habría intentado agredir al agente, lanzando la motocicleta en su dirección. Varios testimonios señalaron que el uniformado habría respondido golpeando al adolescente en el rostro con una tonfa (bastón policial).
Las autoridades policiales sostienen que el agente actuó en defensa propia frente a una agresión inicial del joven, por lo que el uniformado reaccionó con violencia y lo golpeó.
Por su lado, el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó sobre el suceso: “El joven intenta tirarle la moto encima y en su reacción, pues saca la tonfa y golpea sobre la ceja a este joven de 13 años de edad. Lamentablemente, pues ocurre el hecho”.
De acuerdo con el relato del oficial, el adolescente es atendido en un centro asistencial. “La señora madre de este menor, como corresponde, colocó su denuncia”, agregó el general Castaño.
El menor fue atendido en un centro asistencial tras el incidente, sin reportar afectaciones graves en su salud. Ante esto, su madre presentó una denuncia formal exigiendo justicia por el presunto uso excesivo de la fuerza.
Por su parte, el agente justificó su reacción como instintiva, afirmando que interpretó que el joven intentaba atropellarlo y atentaba contra su vida. En respuesta a lo sucedido, la Policía Metropolitana inició un proceso disciplinario y judicial a través de la justicia penal militar para determinar las sanciones correspondientes, que podrían incluir la destitución del cargo.
Asimismo, se informó que el patrullero continúa en funciones mientras se desarrolla el proceso disciplinario y la investigación penal en su contra.
Finalmente, el general Castaño reiteró su rechazo al uso de la fuerza en este tipo de situaciones, asegurando que tales actos no reflejan la política institucional.
Abogada denuncia ser víctima de presunta agresión por parte de uniformados de la Policía en Medellín
El incidente en la estación de Policía de La Candelaria generó una investigación por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval) y la Fiscalía General de la Nación.
Una abogada, que asistía a un detenido en una audiencia virtual, denunció haber sido agredida por un teniente coronel y otros policías el 26 de agosto del presente año. Según el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, la abogada fue empujada al suelo y agredida físicamente mientras más de diez policías presenciaban el hecho sin intervenir.
La situación se complicó cuando la abogada solicitó que se le quitaran las esposas a su cliente, petición que fue aprobada por el juez. Sin embargo, los policías encargados de la custodia del detenido decidieron volver a esposarlo por razones de seguridad y ordenaron a los abogados abandonar el lugar. La abogada y su colega pidieron autorización para retirarse, pero no les fue concedida, lo que llevó a un ambiente de creciente tensión.
En un comunicado, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá presentó una versión diferente de los hechos. Según su informe, la abogada desobedeció órdenes de retirarse y agredió físicamente a un uniformado, lo que llevó a que se le impusiera un comparendo por presunto irrespeto y agresión a la autoridad.
La institución afirmó que la profesional de la ley se encontraba en un estado de exaltación que justificó su control para evitar más agresiones.
El caso ha llegado a la Fiscalía General de la Nación, donde inicialmente se citó a la abogada como testigo en lugar de víctima, sin permitirle la compañía de un abogado y con la advertencia de arresto si no asistía. Esta postura fue rectificada posteriormente, reconociéndola como víctima en el proceso.
El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia expresó su preocupación por lo que consideran un acto de violencia basada en género, mientras que la Policía defiende su proceder alegando que la abogada no cumplió con las órdenes establecidas. La investigación sigue en curso para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
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