Encontrón en el Gobierno Petro: este es el desacuerdo entre los ministros de Hacienda y del Interior por plan de descentralización

El debate sobre la descentralización en Colombia ha generado un enfrentamiento entre dos figuras clave del Gobierno de Gustavo Petro: el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. La discusión se centra en la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), que busca cumplir con la promesa de descentralización establecida en la Constitución Política de Colombia.

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La reforma, que ya ha superado seis de los ocho debates necesarios en el Congreso, ha sido defendida por el ministro Cristo como esencial para la descentralización del país. Sin embargo, el ministro Bonilla ha expresado su preocupación por los posibles impactos fiscales que podría tener una mayor transferencia de recursos a municipios y departamentos. Bonilla advierte que esto podría comprometer la sostenibilidad financiera de la nación.

A esta preocupación se ha sumado el director de Planeación Nacional, Alexander López, que también emitió un concepto negativo sobre el proyecto. La intención ahora es detener la reforma en la plenaria del Senado durante el sexto debate, con el objetivo de evitar lo que el Ministerio de Hacienda considera un golpe a la sostenibilidad fiscal del país.

A pesar de las críticas, el ministro Cristo ha negado que el proyecto esté estancado y ha afirmado que el Gobierno nacional respalda la iniciativa de manera unificada. Durante una sesión legislativa, Cristo propuso a la plenaria, en nombre del Gobierno, que se apoye la reforma como parte de un acuerdo nacional.

La reforma del SGP es vista por sus defensores como un paso crucial para fortalecer la autonomía de las regiones, permitiéndoles gestionar de manera más eficaz los recursos que reciben del Estado. No obstante, los detractores insisten en que sin un análisis exhaustivo de las implicaciones fiscales, el proyecto podría poner en riesgo la estabilidad económica del país.

Un proyecto de reforma del Sistema General de Participaciones (SGP) avanza en el Congreso de la República con el objetivo de mejorar la eficiencia y transparencia en la distribución de recursos públicos. Este sistema es significativo para la transferencia de fondos del gobierno central a los municipios y departamentos, y su reforma busca ajustar los mecanismos de distribución para reflejar mejor las necesidades actuales de estas entidades.

En la actualidad, el SGP distribuye recursos basándose en criterios como la población, la extensión territorial, la densidad poblacional y la capacidad fiscal de cada entidad. Sin embargo, el proyecto de ley propone cambios fundamentales en estos criterios para asegurar una asignación más equitativa y eficiente de los recursos. Según el proyecto, se busca que la distribución de fondos se alinee más estrechamente con las necesidades reales de los municipios y departamentos, lo que podría implicar una revisión de los parámetros actuales.

Además de los ajustes en los criterios de distribución, la reforma del SGP también incluye medidas para fortalecer la transparencia en la gestión de los recursos. Esto se lograría mediante la implementación de mejores mecanismos de control y auditoría, lo que permitiría un seguimiento más riguroso del uso de los fondos públicos. La transparencia es un aspecto clave para garantizar que los recursos lleguen a donde más se necesitan y se utilicen de manera adecuada.

Otro componente importante del proyecto es el aumento de la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con la distribución de los recursos del SGP. La inclusión de la ciudadanía en estos procesos busca fomentar un mayor control social y asegurar que las decisiones reflejen las prioridades y necesidades de las comunidades locales. Este enfoque participativo podría contribuir a una gestión más democrática y efectiva de los recursos públicos.

El problema, y la razón por la cual se están enfrentando los jefes de cartera, es que en realidad si se da el presupuesto con base en las necesidades de los municipios, los costos indudablemente van a subir, lo que la convierte en un modelo fiscalmente insostenible.

Además, que sin un reglamento claro se desconoce cómo y en qué se invertirían esos recursos y, por si fuera poco, es un sistema que podría prestarse para la corrupción, pues se desconoce si el Gobierno central pedirá rendición de cuentas al municipio de manera que se pueda verificar que los recursos se invirtieron correctamente.

Por lo anterior, es claro que los municipios necesitan más recursos, no obstante, sin una legislación clara, detallada y sin vicios, es muy complicado garantizar que no vayan a ocurrir ilícitos.