Alias Firu, disidente de las Farc nombrado gestor de paz, tenía una carpintería como fachada para fabricar explosivos

Las autoridades informaron en la mañana del martes 29 de octubre de 2024 que hallaron una fábrica de explosivos en el norte de Antioquia.

El sitio sería propiedad de Édgar de Jesús Orrego, alias Firu, que ha estado en el ojo del huracán por los recientes escándalos sobre la demanda contra su nombramiento como gestor de paz.

El Ejército Nacional informó que la fábrica estaba divida en tres secciones, todas ubicadas en la vereda El Morro, en el municipio San Andrés de Cuerquia, en Antioquia.

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De acuerdo con la información que reveló el Ejército Nacional, estas instalaciones de la fábrica de explosivos estaban vinculadas a las estructuras 18 y 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Firu, quien recientemente fue nombrado gestor de paz por el Gobierno nacional.

Durante la operación, las tropas hallaron un total de 95 minas antipersonal en proceso de fabricación y 31 listas para ser instaladas. Además, se incautaron 554 resortes para la activación de minas, un dispositivo móvil adaptado como detonador, tornillos utilizados como metralla, tres explosivos conocidos como sombreros chinos, cordón detonante y otros elementos necesarios para la fabricación de explosivos.

Las autoridades destacaron que esta organización y la fábrica desmantelada no solo producía explosivos para atacar a las tropas del Ejército Nacional, sino que también planea utilizarlos contra la población civil.

Entre el material incautado, se encontró un prototipo de cohete similar a otros descubiertos en diferentes regiones del país, lo que sugiere un nivel de sofisticación en sus operaciones.

El Ejército señaló que cada uno de estos explosivos tiene el potencial de causar daños masivos y afectar gravemente la integridad física de decenas de personas.

La situación en el norte de Antioquia es preocupante, ya que el uso de explosivos lanzados desde drones representa una amenaza significativa tanto para las fuerzas de seguridad como para los civiles.

Este descubrimiento resalta la complejidad del conflicto con las estructuras armadas ilegales en Colombia, donde grupos disidentes continúan operando a pesar de los esfuerzos de paz. La presencia de estas fábricas clandestinas de explosivos pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el país en su camino hacia la estabilidad y la seguridad.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, que atendía a la prensa fue cuestionado sobre la decisión de sacar o no a alias Firu del grupo de gestores de paz.

“Esa es una decisión que escapa al ministerio de Defensa, es una decisión del presidente de la República. Hay siempre obligaciones que se asumen de parte de las contrapartes en los ceses al fuego, esto es una violación al Derecho Internacional Humanitario. Uno podría presentar conclusiones pero siguiendo los protocolos como se ha convenido con esa organización”, respondió Velásquez.

El Consejo de Estado admitió una demanda que busca anular la Resolución 345 de 2024, firmada por el presidente Gustavo Petro. Esta resolución designó a varios miembros disidentes de las Farc como gestores de paz, entre alias Firu. La decisión de admitir la demanda fue tomada el 18 de octubre por el consejero Oswaldo Giraldo López.

La resolución, firmada el 30 de agosto de 2024, ha sido objeto de controversia, ya que algunos de los nombrados como gestores de paz habían sido previamente encarcelados por orden de un juez de garantías en Medellín.

Alias Firu, quien lideraba el frente 36 de las Farc en Antioquia, fue detenido mientras se desplazaba en una caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP). En esta caravana también se encontraba Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, otro miembro de la mesa de negociación con el Gobierno, junto a otros insurgentes con órdenes de captura.

La demanda de nulidad fue presentada por Santiago Suárez Morales, quien argumenta que la designación de estos individuos como gestores de paz es ilegal. El tribunal ha solicitado que se notifique la providencia, lo que implica que el proceso de análisis de la demanda está en marcha.

Este caso se enmarca en el contexto de las negociaciones de paz que el Gobierno colombiano lleva a cabo con las disidencias de las Farc. La designación de gestores de paz es una estrategia utilizada para facilitar el diálogo y avanzar en el proceso de paz, pero ha generado críticas debido a los antecedentes judiciales de algunos de los nombrados.

El Consejo de Estado ahora deberá determinar si la resolución del presidente Petro se ajusta a la legalidad o si, por el contrario, debe ser anulada. Este proceso es crucial para el futuro de las negociaciones de paz en Colombia y para la legitimidad de las acciones del Gobierno en este ámbito.