Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, será investigado por la Procuraduría por no responderle al Congreso

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar en contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, debido a sus constantes inasistencias a los debates de control político en el Congreso de la República.

El proceso del Ministerio Público tiene como objetivo esclarecer si la ausencia de Roa representa una falta disciplinaria en el ejercicio de sus funciones como presidente de la compañía petrolera.

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La decisión se da por las quejas de varios senadores de la Comisión Quinta Constitucional del Congreso de la República, entre ellos; José David Name Cardozo, Marcos Daniel Pineda García y Didier Lobo Chinchilla.

Los mencionados legisladores habían convocado a Ricardo Roa en diferentes ocasiones en el Congreso, con el propósito de tratar temas clave como la caída de utilidades de Ecopetrol, la importación de gas desde Estados Unidos, los resultados de las acciones y planes energéticos de la compañía petrolera, así como las inversiones en negocios fuera de Colombia.

Así las cosas, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Comisión Quinta del Congreso detallar cuántas veces el presidente de Ecopetrol no atendió las citaciones de los senadores.

Las ausencias impidieron la discusión en asuntos “relacionados con la caída de utilidades de la empresa, negocios por fuera del país, importación de gas desde Estados Unidos, las razones por las cuales las acciones y planes energéticos no han tenido resultados, y las medidas que ha tomado frente a las posibles demandas o responsabilidades frente a las obligaciones de la empresa en la bolsa de Nueva York”.

Además, el ente de control puso en práctica diferentes pruebas para avanzar en la investigación, entre las que se encuentra la revisión de documentos y testimonios que permitan esclarecer la posible responsabilidad de Ricardo Roa en los hechos por los cuales se investiga.

Por tal motivo, el Ministerio Publicó ordenó lo siguiente: “Practicar las demás pruebas que surjan directamente de las anteriores, siempre que sean conducentes, pertinentes y útiles para identificar o individualizar al posible autor o autores de la falta disciplinaria que se indaga en estas diligencias”.

La abogada Marisol Gamarra Ramos, adscrita a la Procuraduría General de la Nación, fue designada para llevar a cabo el proceso contra el presidente de Ecopetrol.

Según el Ministerio Público, la función que tendrá Gamarra Ramos será “practicar las pruebas decretadas y adelantar los trámites necesarios de impulso de estas, así como las que surjan directamente de las que son objeto de la comisión y proyecte las decisiones que en derecho correspondan”.

La investigación preliminar de la Procuraduría se da luego de que el Tribunal Superior de Bogotá negara la acción de tutela presentada por Ricardo Roa, con la que intentaba frenar la investigación abierta en su contra por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esta investigación se centra en la posible infracción de los límites de gasto electoral durante la campaña presidencial de 2022. En particular, el CNE señala que la campaña superó en aproximadamente $5.355 millones los topes permitidos en ambas vueltas electorales, lo cual ha motivado la apertura del caso.

Roa interpuso la tutela buscando el archivo de la investigación, argumentando que existían fallos procesales que, según su defensa, justificaban la terminación de la misma. Sin embargo, el tribunal consideró que la tutela no era el recurso adecuado para cuestionar decisiones administrativas dentro del marco de un proceso electoral. La magistrada ponente, Martha Isabel García Serrano, subrayó que esta acción no cumplía con el principio de subsidiariedad, es decir, que Roa debía primero agotar los recursos ordinarios disponibles dentro del proceso ante el CNE antes de recurrir a la tutela.

El tribunal enfatizó que la tutela no constituye un mecanismo apropiado para solicitar el cierre de investigaciones o cuestionar decisiones de la administración en el ámbito electoral. La decisión del tribunal permite así que el CNE continúe con la indagación sobre el presunto incumplimiento de los límites de financiamiento en la campaña de Roa, mientras la Procuraduría avanza en su investigación preliminar para evaluar las posibles responsabilidades.