Paloma Valencia alertó sobre riesgos de la reforma al Sistema de Participaciones: podría afectar la calificación crediticia

La discusión en el Senado sobre la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) ha generado múltiples reacciones, pues el proyecto, que propone un aumento sustancial en los recursos asignados a las regiones, ha recibido críticas y apoyo desde diversos sectores.

Entre las voces más notables se encuentra la de la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, que compartió en su cuenta de X una serie de observaciones con las que expresó su desacuerdo con el proyecto de reforma.

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A través de un video, Valencia explicó que el SGP es la bolsa de recursos públicos que el Gobierno Nacional distribuye a departamentos y municipios para financiar principalmente salud y educación, como, por ejemplo, el salario de los maestros afiliados a Fecode.

En ese sentido, la congresista explicó que, actualmente, se gira el 23,8% de estos ingresos a las regiones, pero la propuesta legislativa busca aumentar esa proporción hasta el 46,5%.

Valencia señaló que, en teoría, aumentar los recursos para los gobiernos locales podría traducirse en un mejor desarrollo de las regiones; sin embargo, cuestionó si realmente se verá un cambio positivo, dado que, según ella, la gestión de estos recursos en las administraciones locales ha demostrado ser ineficiente.

Por lo tanto, la senadora destacó el uso de las regalías en algunos departamentos como un ejemplo de mala administración, pues señaló casos en los que los fondos se destinaron a proyectos poco prioritarios en lugar de cubrir necesidades urgentes, como las salas de maternidad en hospitales locales.

Uno de los puntos más críticos de su postura radicó en los riesgos que este incremento del 46.5% en los recursos del SGP podría representar para las finanzas nacionales, pues la senadora citó al economista y exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry que advirtió que destinar casi la mitad de los ingresos nacionales a las regiones podría llevar a una carga fiscal insostenible, especialmente si los gobiernos locales optan por endeudarse en exceso.

“Si necesitan un punto del PIB, tendrían que hacer una reforma tributaria que recaude el doble”, advirtió Echeverry, que agregó que este esquema podría crear un ciclo de deuda creciente y un deterioro de los servicios básicos como salud y educación.

Valencia también criticó la posible entrega de la educación de niños entre cero y cinco años al sector público bajo el control de Fecode, pues aseguró que sería más beneficioso permitir la participación de instituciones privadas en esta etapa educativa.

Para la senadora, la calidad educativa es primordial, y la intervención de Fecode podría significar una disminución en los estándares de enseñanza. “Lo que importa es la calidad de la educación, no simplemente decir que estamos brindando educación cuando esta es de pésima calidad”.

Un tema adicional que Valencia resaltó estuvo relacionado con el impacto fiscal negativo que, según ella, tendría esta reforma en la calificación crediticia de Colombia, pues si el país pierde calificación por la carga de deuda, la deuda pública se encarecería y, en consecuencia, los intereses que paga la nación se incrementarían, afectando la inversión en otras áreas.

La senadora argumentó que una solución viable sería una descentralización tributaria en la que las entidades territoriales asuman la responsabilidad tanto de recaudar como de gastar. Por lo tanto, entre los impuestos que podrían pasar a las regiones mencionó el de ganancia ocasional y los relacionados con el patrimonio, incluso, agregó que este modelo garantizaría un mejor uso de los recursos públicos.

Para Valencia, la reforma al SGP en su forma actual solo creará más dependencia de las regiones hacia el Gobierno Nacional: “Cuando las entidades locales solo gastan sin recaudar, no sienten el peso de saber que cada peso que se gasta viene de sus ciudadanos”, agregó Valencia.