En una decisión que ha dado pie para un fuerte debate en las redes sociales, y en el mismo día en el que se llevó a cabo en el lugar el primero de los actos previsto para declararlo como Bien de Interés Cultural Nacional, se conoció el domingo 27 de octubre que el Juzgado 15 administrativo de Cali admitió una demanda contra la resolución que aprobó la construcción del Monumento a la Resistencia, en el área de Puerto Rellena, y que fue levantado durante el paro nacional del 2021.
La acción judicial, interpuesta por el concejal del Centro Democrático Andrés Escobar, surge como un potencial obstáculo para que el monumento sea declarado patrimonio cultural, como lo anunció el ministro de Cultura, encabezado por Juan David Correa. “Admitir la demanda de nulidad simple interpuesta por el señor Rafael Andrés Escobar González contra el Distrito Especial de Santiago de Cali”, señala el auto judicial con el que se dio vía libre al estudio de esta acción.
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Escobar, autor de la demanda, y que fue captado durante el paro nacional de 2021 disparando a manifestantes, en un hecho por el que aún tiene un proceso vigente en la Fiscalía General de la Nación, hizo una serie de solicitudes a la Contraloría Municipal, a Metrocali y Planeación Municipal, en pro de obtener información que respaldara la demanda contra la resolución 9183 de 2021, proferida por el hoy exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.
En ella, cabe precisar, el exmandatario local habría otorgado de manera tardía la licencia de intervención para el monumento, cuando ya había sido levantado. “Pretendemos la nulidad de la resolución para recuperar el espacio público y sanear el sector que se ha visto afectado por la presencia de redes de microtráfico, bandas dedicadas al hurto, consumo de sustancias y prostitución”, aseguró Escobar, en declaraciones citadas por RCN Radio.
Los argumentos del ministro de Cultura para declararlo Bien de Interés Cultural
Correa, uno de los promotores de la intención de declarar el Monumento a la Resistencia como patrimonio cultural de la nación, señaló en una de sus declaraciones que la estructura hace parte de la estética de un sector de la población de la ciudad, que representa en sí un proceso social y comunitario que derivó en esta obra. Sin embargo, la figura de un puño en alto, símbolo de las protestas encabezadas por la llamada primera línea, ha sido motivo de división entre los caleños.
En efecto, la ubicación del monumento, en el sector de Puerto Rellena, ha dado pie para la controversia. “La mano instalada ilegalmente es motivo de vergüenza para nuestra ciudad. Es un recuerdo infame de la toma guerrillera que afrontamos en el 2021″, afirmó el cabildante, que además cree que el monumento es “una apología al terrorismo urbano que está manchada de sangre”. Con ello, dejó en claro su rechazo hacia su permanencia en dicha área de la capital vallecaucana.
A su vez, señaló que su licencia para la instalación del monumento impidió, al parecer, un contrato de ejecución de obras para el sistema de transporte masivo Mio, lo cual derivó en un detrimento patrimonial significativo para la ciudad. Esto obligó la reubicación de la estación 19 y cambios en el trazado previsto inicialmente; a lo que se suma que Metrocali, la entidad encargada, no fue notificada, aunque la entidad habría resultado directamente perjudicada por la obra.
Aunque el político radicó formalmente la demanda el 13 de febrero, solo fue hasta el 3 de septiembre cuando esta fue admitida por el juzgado. El impacto del monumento en el ámbito público y su potencial clasificación como patrimonio cultural de la nación ha fomentado una álgida discusión entre colectivos culturales, sociales y demás ciudadanos, a la par de la injerencia del Gobierno nacional, que tendría sus intereses ideológicos inmersos en sus determinaciones.