Jennifer Pedraza volvió a exigir la salida de los funcionarios con denuncias de violencia de género: “¿Y en Colombia?”

En medio de una serie de escándalos de violencia de género que salpican a altos funcionarios en Colombia, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, declaró su descontento con la inacción del Gobierno de Gustavo Petro respecto a las múltiples denuncias de acoso y abuso en contra de varios miembros de su administración. La congresista sostiene que la falta de respuesta ante estas acusaciones refleja un déficit ético en el manejo de las denuncias de conducta inapropiada.

La congresista compartió a través de su cuenta de X ejemplos de otros países donde servidores públicos en posiciones de poder renunciaron o fueron removidos de sus cargos ante denuncias de violencia de género. Pedraza se refirió al caso reciente en Brasil, donde el presidente Luiz Inácio Lula da Silva destituyó a su ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, luego de que este fuera acusado de acoso sexual.

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Por otro lado, en España, Íñigo Errejón, líder del partido Más País y portavoz de Sumar en el Congreso, dimitió de todos sus cargos políticos tras acusaciones de violencia machista que emergieron en redes sociales. El relevo del líder fue aceptada por su partido en un proceso interno de reestructuración, lo que, en palabras de Pedraza, representa una muestra de responsabilidad ética frente a denuncias de esta índole, sin importar que no se hayan formalizado ante el sistema judicial.

“En Brasil, Lula retiró del Ministerio de DDHH a Silvio Almeida ante las denuncias de acoso sexual en su contra. En España, Iñigo Errejón dimitió -siendo el portavoz de SUMAR en el Congreso- ante las denuncias de varias mujeres por maltrato en su contra. ¿Y en Colombia?🤫🤐”, expresó la congresista, al señalar la impunidad que prevalece en el país.

La situación en Colombia dista de los ejemplos extranjeros, según la representante Pedraza, que ha criticado que las denuncias de acoso y abuso en contra de ciertos funcionarios no hayan llevado a renuncias o sanciones efectivas. La legisladora que hace parte de la autodenominada “bancada independiente” hizo eco en ocasiones pasadas a cinco figuras que enfrentan acusaciones y que, a pesar de la gravedad de las mismas, siguen ocupando cargos de relevancia en el Gobierno. Entre los señalados, figuran:

• Diego Cancino: actual presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que fue acusado de acoso sexual por Viviana Vargas Ávila, asesora del Ministerio del Interior. La denuncia cuenta con pruebas documentales y testimonios que detallan las situaciones de acoso, lo cual provocó cuestionamientos sobre su continuidad en el cargo.
• Hollman Morris: gerente de Rtcv y señalado por diversas excolaboradoras, como Lina Moreno y Silvia Ordanelli, de mantener un ambiente laboral hostil y de ejercer acoso laboral y psicológico. Las acusaciones provocaron controversia sobre su liderazgo, aunque no generaron su salida de la entidad.

• Armando Benedetti: embajador de Colombia ante la FAO en Roma, fue denunciado por agredir a su expareja Adelina Guerrero en un incidente ocurrido en Madrid. El político, que estuvo envuelto en otros escándalos públicos, continúa en su posición diplomática a pesar de la denuncia y de las investigaciones en su contra, lo cual suscitó críticas sobre su idoneidad para el cargo.
• Víctor De Currea-Lugo: exembajador de Colombia en Emiratos Árabes Unidos, renunció a su cargo tras múltiples denuncias de acoso sexual. Según testimonios anónimos, el académico fue acusado de intentar violar a una joven que buscaba trabajo como asistente. Aunque no se interpusieron denuncias formales, la presión social y las revelaciones en medios llevaron a su salida.
• César Lorduy: presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), enfrenta una denuncia de acoso sexual y corrupción presentada por la representante Ingrid Aguirre. Las acusaciones hicieron que el presidente Petro solicitara su renuncia, aunque el líder del organismo de control electoral independiente permanece en su cargo.

Pedraza ha reiterado la urgencia de implementar sanciones inmediatas para funcionarios señalados de violencia de género en el Gobierno de Petro, siguiendo los ejemplos internacionales que evidencian una postura ética más rigurosa frente a tales denuncias.