Fiscalía no tendrá que devolver bienes incautados a Carlos Felipe Toro, alias Pipe Montoya

En la tarde del lunes 28 de octubre de 2024, se confirmó que el Tribunal Superior de Bogotá resolvió revocar la decisión del Juzgado Segundo del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Bogotá con la que la Fiscalía General de la Nación se veía obligada a devolver bienes a Carlos Felipe Toro, conocido con el alias de Pipe Montoya.

De acuerdo con lo que se lee en el documento, la decisión del juzgado quedó en firme el 11 de abril de 2024, pero el alto tribunal declaró “la legalidad de las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro”, que fueron impuestas en marzo de 2020 por la Fiscalía 74 de apoyo de la Fiscalía 35 de Extinción del Derecho de Dominio.

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Por lo tanto, y según lo estableció el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación ya no tendrá que devolver 218 millones de pesos, 68 relojes y 10 lingotes dorados, que le fueron confiscadas al exnarcotraficante del Cartel del Norte del Valle.

En abril de 2015, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) recibió la orden de restituir a Carlos Felipe Toro Sánchez una serie de bienes de lujo valorados en aproximadamente 1.300 millones de pesos y una suma en efectivo de 218 millones de pesos.

Dichos bienes fueron incautados en 2019, cuando Montoya fue detenido junto a su esposa, María Fernanda Ángel Muñoz, bajo acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La historia de Carlos Felipe Toro, alias Pipe Montoya, está ligada a un pasado oscuro en el narcotráfico colombiano, pues fue identificado como exjefe de sicarios con vínculos con el cartel del Norte del Valle, organización en la que trabajaba con su primo, el narcotraficante Diego León Montoya, alias Don Diego.

A raíz de su relación con el cartel, Toro fue arrestado en 2003 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 19 años de prisión; sin embargo, su sentencia fue reducida y tras cumplir solo nueve años regresó a Colombia en 2012, libre de cargos pendientes en ese momento.

El regreso de Montoya fue interpretado por las autoridades como un intento de reactivar su imperio económico y recuperar bienes que presuntamente adquirió mediante actividades ilícitas, pues las autoridades reportaron que Montoya, presuntamente, habría comenzado nuevamente a acumular riquezas utilizando una red de testaferros y sofisticadas estrategias de lavado de activos para evitar la supervisión fiscal y bancaria en Colombia.

Uno de los principales focos de la investigación de la Fiscalía fue el Criadero Nuevo Amanecer S.A.S., empresa fundada por Toro y su esposa en 2015, dedicada a la crianza de caballos de paso fino, aunque la compañía reportó activos mínimos al iniciar operaciones, se posicionó rápidamente como una de las más prestigiosas en el ámbito de caballos de alto valor.

Ejemplares del criadero alcanzaban precios de hasta 2 millones de dólares, lo que alertó a las autoridades sobre el origen del capital invertido en el negocio.

Durante el seguimiento del caso, las autoridades accedieron a conversaciones telefónicas en las que Pipe Montoya negociaba la venta de un caballo, conocido como Kan de Kanes de San Marcos, en 2 millones de dólares en efectivo, lo que permitió evidenciar el nivel de lujo y las cifras astronómicas que rodeaban sus transacciones.

Según la Fiscalía, las actividades económicas de Montoya y su esposa no habían sido declaradas al sistema fiscal ni justificadas mediante el sistema bancario, lo que dio pie a su captura en 2019.

A pesar de las acusaciones en su contra, las pruebas no avanzaron en los tribunales y el proceso comenzó a ser cuestionado, pues se especuló que la detención de Toro y su esposa pudo haber sido producto de extorsiones judiciales, incluso, que, posiblemente, habrían sido presionados para que cedieran parte de sus bienes.

Por tal motivo, ante la falta de evidencias contundentes y con la presión de irregularidades procesales, un juez ordenó la devolución de los bienes incautados.

Sin embargo, cuando la SAE debía ejecutar la restitución, se descubrió que los lingotes de oro, relojes y efectivo ya no se encontraban en sus instalaciones.

Al respecto, un informe de la Fiscalía señaló que los bienes habían sido sustraídos en octubre de 2023, lo que desató una investigación sobre posibles actos de corrupción dentro de la SAE, la Dijín y otros funcionarios judiciales, quienes podrían estar implicados en la desaparición de los activos.