Congreso recibió fórmula que evitaría problema en el envío de dinero para salud y educación a municipios y departamentos

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) junto con reconocidos economistas del país y centros de pensamiento como el Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf) expresaron su preocupación por el impacto fiscal que podría tener el Acto Legislativo No.018 de 2024 Senado -437 de 2024 Cámara “por el cual se fortalece la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, se modifica el artículo 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.

Con la iniciativa se busca modificar la forma en la que la Nación transfiere recursos a alcaldes y gobernadores, por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, con el objetivo de satisfacer necesidades básicas en educación, salud y agua potable y saneamiento básico, principalmente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Anif, entidad que dirige José Ignacio López, dio a conocer que comparte con el Gobierno nacional y las autoridades regionales el propósito de profundizar la descentralización del país con base en mayor autonomía y competencias de los entes territoriales, pero detalló que varias de las críticas al proyecto surgen debido a la fórmula planteada para aumentar el Sistema General de Participaciones (SGP), que podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal, no solo del mismo proceso de descentralización, sino de las finanzas del Gobierno nacional.

“Una descentralización que no sea fiscalmente sostenible no beneficia a nadie”, expresó el centro de pensamiento por medio de un comunicado.

En el mismo, expuso que parece muy positivo que el acto legislativo, que será discutido en su sexto debate en el Congreso de la República, señala de forma explícita que no se podrán descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas, y que no se podrán asignar recursos a las entidades beneficiarias del Sistema General de Participaciones sin la previa asignación de competencias.

No obstante, opina que, siguiendo los principios de responsabilidad y prudencia fiscal, el acto legislativo debe ajustar y revisar la fórmula de incrementos del SGP. “Una mala calibración de la fórmula de descentralización podría traducirse en mayores primas de riesgo y tasas de interés, que no solo afecten la capacidad de endeudamiento del Gobierno y otras entidades del orden subnacional, sino del sector privado, afectando así el crecimiento, la inversión y el empleo en todo el país”, expuso la entidad.

Advirtió que una fórmula de transferencias que deje al Gobierno nacional sin espacio fiscal y con un presupuesto casi en su totalidad inflexible puede implicar importantes riesgos macroeconómicos para el país.

Ante esto, Anif pidió un debate serio y responsable sobre la descentralización, que debería incluir temas tan importantes, como el fortalecimiento de las capacidades de gestión local y el rediseño de los impuestos territoriales, que son muy relevantes y que complementan la discusión sobre transferencias y competencias.

De igual forma, dejó claro que se entiende que la disminución en la participación del SGP en los ingresos corrientes de la Nación en años recientes, motivó el rápido avance del acto legislativo en el Congreso, por lo que la lectura que se hace del momento político sugiere que dicho proyecto tiene una alta probabilidad de ser aprobado, por lo que hay que actuar con rapidez.

No obstante, expuso que “creemos que tanto el Gobierno nacional como el Congreso están a tiempo de mejorar esta iniciativa de origen parlamentario. Por esta razón, subrayando que estamos distantes del debate integral que este tema requiere, proponemos un cambio en la fórmula del SGP del acto legislativo. que cumpla con el objetivo de profundizar el proceso de descentralización, pero atenúe las preocupaciones en materia de sostenibilidad fiscal”.

Ante esto, se sugirió un cambio en el artículo 2 del proyecto de acto legislativo, que modifica el artículo 357 de la Constitución Política, es lo siguiente:

• Artículo 357: el Sistema General de Participaciones crecerá como porcentaje de ingresos corrientes de la Nación hasta llegar a ser el 35% de estos en un periodo de diez años.

- Parágrafo transitorio 1: el Sistema General de Participaciones, corno porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación, se incrementará anualmente, a partir del año en que se que expida la ley de que trata el parágrafo 2 del Articulo 356 de la Constitución Política. El incremento anual será un porcentaje igual a la décima parte de la diferencia entre el 35%. El porcentaje del Sistema General de Participaciones proyectado por el Ministerio de Hacienda, antes de la aprobación de la ley correspondiente al parágrafo 2 del Artículo 356 de la Constitución Política y para el primer año de entrada en vigencia de dicha ley, de modo que en diez años llegue al 35%.

Según Anif, finalizado este periodo de diez años, el Sistema General de Participaciones se calculará de acuerdo con la fórmula que establece que el incremento anual será un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la Nación durante los cuatro años anteriores, incluido el correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución. “Bajo esta fórmula, el Sistema General de Participaciones podrá ser inferior a 30% o superior al 37% de ingresos corrientes de la Nación”, indicó el centro de pensamiento.

Con esta propuesta, agregó, el SGP aumentará de manera importante, superando las transferencias proyectadas en la actualidad por el Ministerio de Hacienda para la próxima década, pero con una fórmula que busca mitigar el impacto fiscal del acto legislativo.

Así las cosas, la sugerencia permitiría que las transferencias aumenten de forma gradual y en línea con la reducción anticipada en el pago de servicio de la deuda para los próximos años. Adicionalmente, al establecer un piso y un techo, la fórmula ayudaría a que los entes territoriales tengan los recursos suficientes para asumir nuevas competencias, pero con un monto acotado.

“Esta fórmula propuesta supone el estricto cumplimiento del Gobierno nacional de la regla fiscal, lo que permitiría un mayor espacio fiscal por cuenta de la reducción en el pago de servicio de la deuda durante los próximos años, como contempla el más reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)”, puntualizó.

Finalizó el pronunciamiento invitando al Gobierno nacional y al Congreso a incorporar dentro del debate legislativo esta fórmula alternativa que permitiría profundizar la descentralización, pero contrarrestar efectos fiscales del acto legislativo.