Admitieron demanda que busca anular nombramiento de gestores de paz de las disidencias de las Farc, entre ellos ‘Firu’

La Sala Unitaria del Consejo de Estado admitió el lunes 28 de octubre una demanda que busca anular la resolución 345 de 2024, firmada el 30 de agosto por el presidente de la República, Gustavo Petro, y con la que se designó a una serie de miembros disidentes de las Farc como gestores de paz. Lo anterior, pese a que un juez de garantías de Medellín (Antioquia) había mandado a la cárcel a los que hoy gozan del nombramiento hecho por el primer mandatario.

Entre ellos, Édgar de Jesús Orrego, más conocido como alias Firu, y que venía oficiando como cabecilla del frente 36 de este grupo armado ilegal en Antioquia. El sujeto fue detenido cuando se movilizaba en una caravana de al menos siete camionetas, de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la que iba uno de los miembros de la mesa de negociación con el Gobierno, Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, además de otros insurgentes, algunos con órdenes de captura.

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La demanda de nulidad fue admitida el 18 de octubre, tras la decisión que oficializó el consejero Oswaldo Giraldo López, cuando el tribunal emitió concepto favorable para su análisis.

“Admitir la demanda promovida por el señor Santiago Suárez Morales en contra de la Resolución 0345 del 30 de agosto de 2024, por la cual se designan a unos gestores de paz, proferida por el Presidente”, se leyó en el auto del alto tribunal, en el que pide que se notifique la providencia, en especial, al jefe de Estado, “conforme con lo señalado por el inciso final del artículo 162 y el artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Al igual que Orrego Arango, en su momento fueron beneficiados con esta determinación Diego Armando Vargas Betancourt, alias Boyaco; Yenser Yosony Duque, alias Oliver González, y María Alejandra Ojedo. Todos fueron detenidos por el Ejército Nacional en el Batallón Pedro Nel Ospina, en Bello (Antioquia), luego de que en ese entonces se interceptara el recorrido en la vía Medellín-Anorí; en un hecho que generó confusión, pues se negaron bajarse de los vehículos oficiales.

En la comunicación, también se pide por parte del accionante, Suárez Morales, que se dispongan las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de las víctimas de las disidencias de las Farc-EP, “asegurando que los individuos designados como gestores de paz sean sometidos a un proceso penal justo y que cumpla con los principios de verdad, justicia y reparación”. Esta decisión, en consecuencia, podrá tumbar la determinación del presidente de nombrarlos gestores.

Es oportuno recordar que, por ser nombrados gestores, el Gobierno nacional, por intermedio de la oficína del consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, solicitó a las autoridades judiciales competentes la suspensión de las medidas penales judiciales correspondientes, de conformidad con el Decreto 1175 de 2016.

“Las personas designadas en el artículo 1 de la presente Resolución, firmarán un acta ante el consejero comisionado de Paz, donde se comprometen a asistir a las diligencias judiciales cada vez que sean requeridas, construir un plan de trabajo y rendir un informe mensual sobre sus actividades”, se estableció en la resolución 345 de 2024, con la que se pretendía dar vía libre a la participación de estos personajes en el equipo negociador de las disidencias y el Estado.