En la jornada del 26 de octubre comenzó a rotar por las redes sociales las imágenes, en video, de la comunidad del sector de Bosa Estación, que ajusticia físicamente a un hombre que, según testigos, habría estado mostrando sus genitales a niñas del barrio.
El hombre, a quien identifican como Daniel Triana Sánchez, pedía que no golpearan más. Luego de varios minutos de ser reducido por la gente, la policía se hizo cargo del sujeto.
La rabia de algunas personas era tal que muchos lo golpeaban con cinturones para ajustar el pantalón. Al momento de llegar los uniformados, el sospechoso tenía sangre en su cabeza.
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Hombre le dio dinero a una niña de 12 años para que se dejara tocar en Soacha y la comunidad lo iba a linchar
En la noche del 23 de octubre se conoció un aberrante caso en el que un hombre fue denunciado por una menor de 12 años por, presuntamente, haberle ofrecido dinero a cambio de dejarse tocar.
La menor puso la información en conocimiento de sus padres y el caso pronto fue conocido por la comunidad de un conjunto residencial (donde ocurrieron los hechos) en el barrio La Grandeza, en Soacha, Cundinamarca.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al conjunto para llevarse al sujeto, que ya estaba a punto de ser linchado por la comunidad. Algunos residentes de la zona registraron el retiro del hombre por parte de los uniformados.
La postura de la Procuraduría sobre propuesta de reducir penas a abusadores de menores
En comunicación oficial, el 21 de octubre la Procuraduría General de la Nación expresó su firme oposición a la propuesta de reducir las penas para los agresores de menores, una medida que se discute en el Congreso como parte de la Reforma a la Justicia. Durante una audiencia pública celebrada el 21 de octubre en la Comisión Primera del Senado, el procurador delegado ante la JEP, Christian Wolffhügel, argumentó que tal reducción podría interpretarse como una disminución de la gravedad de delitos tan serios como el abuso sexual.
La propuesta en cuestión contempla una rebaja máxima del 25% en las penas para diversos criminales, incluidos aquellos que cometen agresiones contra niños y niñas. De acuerdo con el Ministerio Público, esta medida no solo no agilizaría los procesos judiciales, sino que tampoco evitaría la interposición de recursos legales. En su intervención, Wolffhügel enfatizó que los problemas de dilación en los procesos penales deben resolverse con medidas vigentes y robustas investigaciones de los delitos, en lugar de reducir las penas.
“Los problemas de dilación de los procesos penales se solucionan con medidas vigentes y no con la rebaja de penas a agresores de niños y niñas, siendo las investigaciones robustas y adecuadas de los delitos, la clave para garantizar justicia a las víctimas”, expresó textualmente la Procuraduría a través de un comunicado.
El ente de control destacó la importancia de garantizar sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos, sin comprometer los derechos de las víctimas. “Rebajar las penas como incentivo podría interpretarse como una forma de reducir la gravedad percibida de crímenes tan severos como el abuso sexual”, afirmó el procurador delegado, advirtiendo que esto podría afectar la confianza en el sistema de justicia y en la protección de las víctimas.
La Procuraduría General de la Nación reiteró su oposición a la propuesta incluida en el proyecto de Ley 281 de 2024, actualmente en debate en el Congreso. Durante la audiencia, Wolfhugge también destacó que ya existen herramientas dentro del sistema judicial que permiten acelerar los procesos, como los mecanismos de “justicia premiada” a través de la aceptación de cargos, que evitan la exposición prolongada al juicio penal.
Asimismo, el órgano de control cuestionó si la rebaja de penas realmente mitigaría la impunidad, reafirmando su postura de que la justicia debe garantizar sanciones adecuadas a la gravedad de los delitos, sin socavar los derechos de las víctimas. La discusión sobre esta propuesta continúa en el Congreso, mientras el Ministerio Público mantiene su firme rechazo y oposición a cualquier medida que pueda interpretarse como una disminución de la gravedad de los delitos sexuales.
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