El Ministerio de Minas y Energía, cartera que lidera Andrés Camacho Morales, dio a conocer el Decreto 1310 de 2024, que estableció nuevas medidas para el almacenamiento estratégico de combustibles líquidos y sus mezclas con biocombustibles y de gas licuado de petróleo (GLP).
Con este se marca un paso importante en la regulación y operación de los centros de almacenamiento estratégico de dichos combustibles. La nueva normativa se centra en garantizar la priorización de la demanda y asegurar un suministro continuo en momentos de escasez, cambios que introducen importantes modificaciones al Decreto 1073 de 2015.
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De acuerdo con el documento, el Ministerio intervendrá de manera prioritaria en situaciones de emergencia y restricciones en la oferta de hidrocarburos. Así las cosas, la demanda de los consumidores tendrá principal solución cuando se configuren emergencias nacionales o internacionales.
Operación y mantenimiento de infraestructura
Un aspecto destacado de este decreto es la introducción de procedimientos y lineamientos para la operación y mantenimiento de infraestructura de almacenamiento estratégico, particularmente, en zonas fronterizas. La responsabilidad de definir espacios y necesidades de ampliación recae en la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), que deberá hacer un estudio detallado financiero potencialmente por medio de cooperación internacional.
Dicho estudio asegurará que las regiones más vulnerables tengan prioridad para infraestructura crítica.
El decreto concede una estructura para la identificación y priorización de zonas estratégicas, con el fin de elevar la seguridad energética nacional. La Upme tendrá el deber de elaborar un plan indicativo que determine las necesidades específicas de cada región, ponderando criterios como la capacidad de almacenamiento, cercanía a centros de consumo y ubicación en nodos estratégicos.
“La Unidad deberá priorizar las zonas de frontera en función de la capacidad de almacenamiento”, dice el documento. Esta estrategia es esencial para atender las fluctuaciones del mercado y prevenir interrupciones en la distribución de combustibles.
Cofinanciación o financiación de proyectos
Un avance notable en el decreto es la inclusión de mecanismos para cofinanciar o financiar proyectos de infraestructura de almacenamiento que cumplan con los estándares operativos y de calidad estipulados. El Ministerio de Minas y Energía determinará los lineamientos necesarios para optar a estas ayudas económicas, que deben alinearse con los recursos presupuestados. Siguiendo este enfoque, los cargos por confiabilidad se introducen para asegurar la viabilidad financiera de estos proyectos, con las metodologías que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) establecerá en un plazo máximo de un año.
La Creg, además, tendrá la tarea de garantizar que el reconocimiento de costos se traduzca en una estructura de precios justa para los consumidores de GLP y líquidos.
Esquema operativo
De manera paralela, el esquema operativo detallado en el decreto exige que todos los agentes interesados en participar en convocatorias para la construcción de almacenamiento estratégico demuestren capacidad en el manejo de internación de combustibles.
Dicho enfoque no solo busca optimizar la logística, también fomentar la competencia y mejorar la eficiencia del sector en su conjunto.
Es de anotar que, aunque el decreto ya está en vigor, el ministerio tiene un período de un año para ajustar los aspectos administrativos clave, como el protocolo de decisiones para la liberación de inventarios. Se resalta la importancia de este período para asegurar que las normas sean implementadas exitosamente y de forma coherente con las necesidades del mercado.
El cargo por confiabilidad es vital para incentivar las inversiones en infraestructura crítica, garantizando la resiliencia del sistema energético nacional frente a crisis potenciales.