En la tarde del domingo 27 de octubre de 2024, el senador Ariel Ávila hizo públicas graves denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo del predio Tulio Ospina, ubicado en el Valle de Aburrá, a través de un video en su cuenta de X.
En su metraje, Ávila describió una compleja red de irregularidades que involucrarían a altos funcionarios, alcaldes y exgobernadores de Antioquia, especialmente durante las administraciones del exgobernador Luis Pérez y el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
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Según expuso el senador, el predio Tulio Ospina cuenta con una extensión de 97 hectáreas y fue donado en 1974 por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) con la condición de ser usado exclusivamente para la construcción de un parque metropolitano accesible a todos los municipios del Valle de Aburrá.
La propiedad de este terreno estaba distribuida entre Medellín (66%), Bello (12%), Itagüí (7%), Envigado (6%), y el resto de los municipios con participaciones menores, por lo que, según explicó el senador Ávila, bajo estas condiciones, el predio debía permanecer bajo uso común y no ser desviado hacia otros proyectos.
Las primeras alertas: cambio en la titularidad y condiciones del predio en 2017
Ávila agregó que en 2017, cuando Luis Pérez fungía como gobernador de Antioquia y Federico Gutiérrez se desempeñaba como alcalde de Medellín, comenzaron las modificaciones a los términos de la escritura original mediante la escritura 1708 de junio de 2017, con la que Pérez y el secretario de Suministros y Servicios de la Alcaldía de Medellín de ese momento, José Nicolás Ríos Correa, convencieron al ICA de levantar la cláusula que limitaba el uso del predio exclusivamente para un parque.
Este cambio se justificó bajo el pretexto de que el terreno se destinaría a la construcción de un autódromo, un parque de deportes de motor, el traslado de la Fábrica de Licores de Antioquia y una universidad digital; sin embargo, Ávila aseguró que ninguna de estas obras se completó en su totalidad, dejando en el aire la utilización del terreno y poniendo en duda la transparencia de las decisiones tomadas.
Uno de los puntos más polémicos mencionados por el senador fue la alteración en la distribución de la propiedad del terreno, pues según Ávila, la Alcaldía de Medellín, bajo la administración de Gutiérrez, redujo su participación en el predio del 66% al 50%, mientras que la Gobernación, que inicialmente no contaba con derechos patrimoniales sobre el terreno, asumió el 50% restante.
Este cambio, aseguró el senador, implicó un detrimento patrimonial para los otros municipios, los cuales perdieron sus porcentajes de participación.
La falta de aprobación de los concejos municipales y las irregularidades en las cartas de renuncia
Otro aspecto de la denuncia que presentó Ávila estuvo relacionada en la falta de consulta a los concejos municipales de los municipios involucrados, lo cual, de acuerdo con el artículo 92 del Decreto 1333 de 1986, es un requisito para la enajenación de bienes municipales.
Según el senador, entre 2014 y 2017, varias administraciones municipales, incluyendo las de Copacabana, Girardota, Caldas e Itagüí, enviaron cartas al ICA manifestando su renuncia a los derechos patrimoniales del Tulio Ospina; sin embargo, estas cartas fueron firmadas únicamente por los alcaldes de cada municipio sin la aprobación de los respectivos concejos municipales, lo que las convierte en un procedimiento irregular.
Además, el senador afirmó que existieron cartas contradictorias en algunos municipios, como Sabaneta y Bello, que primero aceptaron y luego rechazaron los derechos patrimoniales, lo que añade confusión al manejo del terreno.
Pérdida de documentos y ocultamiento de información
Entre los señalamientos más graves, Ávila aseguró que en municipios como Copacabana, administrado entre 2020 y 2024 por Héctor Monsalve, se intentó eliminar acuerdos municipales previos que aceptaban derechos patrimoniales sobre el predio.
Según el senador, la Alcaldía de Copacabana emitió una carta en la que renunciaba a esos derechos, ocultando el acuerdo municipal de 2005 que reconocía dicha participación.
Esta supuesta ocultación de documentos fue corroborada, según el senador, por una visita del Archivo General de la Nación en la que se constató la pérdida de documentos y la falta de protección adecuada de la documentación relacionada con el Tulio Ospina. Esto, enfatizó Ávila, constituye un delito de acuerdo con las leyes de preservación de archivos oficiales en Colombia.
Las investigaciones en curso y la implicación de altos funcionarios
La Procuraduría Regional de Antioquia abrió en septiembre de 2019 una investigación contra el exgobernador Luis Pérez y el entonces secretario general de la Gobernación, Javier Mauricio García Quiroz; por otro lado, la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá también formuló cargos contra el exalcalde de Sabaneta debido a las irregularidades en la cesión de derechos patrimoniales del Tulio Ospina.
Finalmente, Ávila cuestionó públicamente a Federico Gutiérrez sobre las razones por las que accedió a reducir la participación de Medellín y compartir la propiedad del predio con la Gobernación de Antioquia, contraviniendo los términos originales de la escritura de 1974.
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