El 22 de octubre de 2022 se destapó las atrocidades a las que eran sometidos los internos de por lo menos ocho fundaciones de rehabilitación en Bucaramanga y Piedecuesta (Santander).
Fue gracias a un operativo conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y el Ejército Nacional que permitió la captura de 21 presuntos responsables de las torturas y vejámenes contra los pacientes de las fundaciones Neurosanar, Bethel, Funcape, No te Rindas, Ríos de Jordán, César Benicio Grimaldos Gómez, Corporación Empresarial y Artesanal Mujeres con Propósito, que normalmente padecían problemas psiquiátricos y de adicción.
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Al grave descubrimiento se le sumó otra preocupación: la desaparición de algunos internos que habrían aprovechado los operativos para salir con rumbo desconocido. Así lo reveló un trabajador de una de las fundaciones intervenidas, al afirmar que algunos de ellos ya fueron ubicados en hospitales de la ciudad, mientras que a otros se les perdió el rastro.
Del mismo modo, el trabajador le contó a Vanguardia, que algunos regresaron a la fundación por su voluntad propia, mientras que en los otros casos han tenido que dar aviso a los familiares para indicarles que ya no tienen a sus parientes bajo custodia de la fundación.
“En medio de los allanamientos, las autoridades abrieron las puertas y ellos salieron. La buena noticia es que algunos han decidido volver, voluntariamente. Sin embargo, en otros casos, hemos tenido que comunicarnos con sus familias para avisar que ya no están bajo el cuidado de las fundaciones”, fueron las palabras textuales del colaborador.
Ante este panorama, algunos familiares tuvieron que emprender el viaje desde otras zonas del departamento para conocer de cerca la situación de su pariente. Belén María del Castillo fue una de ellas que, impulsada por la preocupación de no localizar a su hijo, un paciente psiquiátrico, emprendió una búsqueda exhaustiva por diferentes fundaciones de la ciudad. Finalmente, logró encontrarlo en el Hospital Psiquiátrico San Camilo.
“Después de que me reportaron que ya no estaba en la fundación. Viajé por los peligros que hay en la calle para ellos y lo encontré en ese hospital. Me dijeron que la Alcaldía de Bucaramanga lo había trasladado”, sostuvo Del Castillo al medio mencionado.
Al respecto, la Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el número de posibles pacientes fugitivos, ni que acciones continúan tras el descubrimiento de estos sitios de tortura donde hubo alrededor de 500 víctimas y por lo menos ocho personas muertas.
Relatos de las víctimas y hallazgos de las autoridades
De acuerdo con lo conocido por medios de comunicación, en las mencionadas fundaciones se violentaba a personas con problemas de salud mental, consumo de drogas y a adultos mayores. Las víctimas eran sedadas con medicamentos prescritos, manteniéndolas en un estado de indefensión que facilitaba las agresiones.
El Tiempo recogió el testimonio de una sobreviviente de estos centros, que narró cómo ella y sus compañeros eran inmovilizados y sometidos a condiciones de hacinamiento extremo, obligados a hacer sus necesidades en bolsas durante días y expuestos a abusos físicos y sexuales. “Nos tenían esposadas, encerradas en un cuarto de reflexión... un señor abusaba de una de mis compañeras”, declaró la víctima. Otro testimonio indica que los internos pasaban hasta un mes en cuartos sin ventilación, “donde olía a orines” y sin acceso a colchonetas ni aseo personal. Las víctimas denunciaron también agresiones sexuales a cambio de recibir alimentos o poder fumar.
Entre los internados se encontraban dos jóvenes homosexuales que fueron llevados bajo la promesa de cambiar su orientación sexual. Según Melissa Franco, exsecretaria del interior de Bucaramanga, ambos fueron víctimas de abuso sexual en las fundaciones, y relataron que el miedo los mantenía en silencio.
Las inspecciones realizadas por la Alcaldía de Bucaramanga hallaron a 75 personas viviendo en condiciones deplorables; al menos 60 denunciaron haber sido víctimas de violencia. Se descubrió también que la red operaba mediante documentos falsos para trasladar a pacientes de un centro a otro, incluso suplantando a familiares para efectuar los traslados.
Las fundaciones modificaban continuamente su razón social en la Cámara de Comercio de Bucaramanga y evitaban cualquier señal visible de su actividad, sin logos o emblemas en sus fachadas, con el fin de ocultar los actos de tortura y abuso.
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