Desde el 20 de octubre de 2024, los campesinos y mineros de los departamentos de Santander, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca y Antioquia anunciaron un paro nacional y protestas masivas en contra de un decreto que otorga al Ministerio de Ambiente varias facultades como la declaración de reservas temporales de recursos naturales.
Con la decisión del Gobierno nacional, las autoridades ambientales no tendrán potestad para entregar licencias y permisos enfocados en la minería y el cultivo de productos. Para los manifestantes, tales facultades implican fuertes restricciones en la explotación de minerales y uso de tierras para la agricultura en las principales regiones del país.
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Los bloqueos de varias de las vías más importantes del país suman cinco días, el ministro de Minas, Andrés Camacho anunció conversaciones con los manifestantes para llegar a consensos que permitan el levantamiento del paro.
Para avanzar en ese sentido, el comité negociador de los campesinos y mineros entregó 10 puntos en común para debatir y llegar a un acuerdo final. Tras varias negociaciones, el ministro de Minas anunció que siete de las exigencias ya fueron discutidas y aprobadas por las partes.
“De la totalidad de los puntos, hay consensos y avances en siete. Esperamos que hoy podamos resolver las inquietudes de los manifestantes y también al territorio del bajo Cauca” afirmó.
El jefe de la cartera también habló sobre las maneras de diversificar la producción en materia de minería y agricultura. Frente a este punto, sostuvo que ya hay una iniciativa para impulsar a los trabajadores de estos dos sectores.
“Hemos estado en el bajo Cauca con el propósito de diversificar la producción, no solo en minería, sino en agricultura y pesca, ya está la resolución en firme. Estamos desarrollando mesas de trabajo para construir el marco del distrito agro minero”, indicó.
Para Camacho, uno de los puntos más crítico de las negociaciones está relacionado con el control y los operativos a maquinaria amarilla que utilizan los mineros informales para realizar sus actividades, que, en su opinión, se está incautando y destruyendo injustamente.
De igual manera, dijo que “el proceso de formalización implica el reconocimiento de quien se formaliza, y la escala dependerá del tipo de operación que adelante y de la cantidad de extracción que se desarrolle. Para la mediana minería se busca un mecanismo de regularización de las operaciones”.
Así las cosas, el titular de la cartera de Minas y Energía informó que “esperamos que los mineros pongan de su parte para resolver la situación. Parte de la formalización implica desarrollar mecanismos de operaciones seguras, de capacitación, de inversiones que les permitan a ellos desarrollar sus operaciones con competitividad, pero también, que el proceso sea ambientalmente responsable”.
A pesar de los avances, todavía no han llegado a acuerdos con los mineros y campesinos, por lo que se espera que continúen los diálogos.
Consecuencias del paro minero
Ante los bloqueos, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, habló sobre las consecuencias que está generando el paro minero en su región y en todo territorio nacional. La zona norte del departamento se encuentra incomunicada por los bloqueos y espacios vitales para el abastecimiento de servicios como la energía están en riesgo.
“Han sido días difíciles, la región norte está totalmente incomunicada con la capital, estuvo a punto de apagarse la generadora de energía, la planta de Bavaria está en riesgo y los productos perecederos como la leche, la papa y demás, están dañándose”, señaló el gobernador en diálogo con W Radio.
A su juicio, un paro como estos, que suma cinco días, “tiene liquidada a la canasta familiar”. En ese sentido, sostuvo que Boyacá no cuenta con la infraestructura para sobrellevar una situación de este tipo, por lo que miles de alimentos están pudiéndose y generando perdidas multimillonarias para el país.
“Aquí no hay una agroindustria fuerte que ayude a sobrellevar la situación, si pasan tres días la leche se daña, eso genera problemas porque en el caso de la leche, los pequeños productores tienen mucho producto y deben acabar botándola (…) Los alimentos perecederos si no salen de Boyacá acaban generando perdidas para los campesinos porque no obtienen dinero y también pierden los consumidores porque se vuelven caros por escasez”, explicó.