La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia ha dado un paso crucial en el proceso de justicia transicional al avanzar en los juicios contra militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos, específicamente relacionados con ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.
El caso más reciente, que involucra al Batallón de Artillería N.° 2 La Popa, revela el uso sistemático de recursos estatales para cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad.
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Un documento de la JEP obtenido por W Radio ha autorizado el inicio de un juicio que impone penas restaurativas para los responsables de falsos positivos, y abre una fase decisiva en el proceso de justicia transicional.
El informe sostiene que el Batallón La Popa no operó como una “organización criminal enquistada”, sino como una estructura militar que usó su poder para cometer crímenes de guerra.
Entre las nuevas imputaciones, destaca el crimen de tortura, que afecta a varios oficiales y soldados señalados de haber sometido a las víctimas a secuestros, golpes y humillaciones, evidenciando el patrón de violencia sistemática.
Los señalados incluyen al mayor Guillermo Gutiérrez Riveros, el teniente Carlos Andrés Lora Cabrales y el soldado Yeris Gómez Coronel.
Las acusaciones también incluyen delitos de persecución contra las comunidades indígenas Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, que fueron erróneamente etiquetados como guerrilleros y se convirtieron en blanco de violencia y abusos.
De acuerdo con el informe de la JEP, alrededor del 7% de los crímenes del Batallón La Popa tuvieron como víctimas a miembros de estas comunidades. La JEP, ante la magnitud de estos abusos, ha solicitado a la Sala de Reconocimiento profundizar en el análisis sobre el alcance de las responsabilidades de las unidades militares en delitos de exterminio.
Uno de los oficiales más señalados es el coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez, que, según testimonios de sus subalternos, habría ordenado al Batallón La Popa recoger cadáveres dejados por paramilitares y presentarlos como bajas en combate.
Manuel Valentín Padilla, un exsuboficial de inteligencia, reveló cómo estas órdenes se ejecutaban en colaboración con paramilitares, simulando combates para justificar estas muertes. El coronel Mejía Gutiérrez enfrenta cargos de homicidio, tortura y desaparición forzada, y, de ser hallado culpable, podría recibir una pena de hasta 20 años de cárcel.
La JEP busca relacionar a militares con delincuentes del Meta
La JEP no solo se enfoca en los falsos positivos, sino que también está investigando la posible participación de altos mandos en la expansión del paramilitarismo.
Un testimonio clave ante la Jurisdicción Especial para la Paz también reveló que un oficial conocido como Barragán habría actuado como enlace entre la Brigada VII y las Convivir de El Dorado, facilitando la detención y maltrato de personas bajo el pretexto de recolección de información.
Este testimonio es parte de una investigación más amplia sobre la posible participación de altos mandos militares en la expansión del paramilitarismo en el Meta, en el contexto del exterminio de la Unión Patriótica (UP) en esa región, según informó W Radio.
La JEP ha ordenado investigar a varios generales retirados, entre ellos el general en retiro Jaime Humberto Uscátegui, excomandante de la Brigada VII del Ejército.
El magistrado Gustavo Salazar, encargado del proceso, considera que Uscátegui podría haber cometido omisiones graves que facilitaron las acciones violentas de grupos paramilitares, como las Convivir, y posteriormente las masacres cometidas en Mapiripán y Caño Jabón.
Además de Uscátegui, otros altos mandos militares están bajo escrutinio. El general en retiro Francisco René Pedraza, excomandante de la Brigada VII, es acusado de colaborar con los paramilitares al permitir que estos grupos operaran impunemente en la región.
Un testigo afirmó que Pedraza conocía la ubicación de bases paramilitares, como la de Casibare, pero ocultó esta información al alto mando del Ejército, a pesar de haber recibido órdenes de bombardearlas.
También se mencionó su relación con el narcotraficante Daniel “El Loco” Barrera, lo que agrava las sospechas sobre sus actividades durante su mando en los años 90.
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