Exministros piden frenar proyecto en el Congreso: reforma podría llevar a Colombia a una bomba fiscal

Para algunos de los economistas más experimentados del país, un cambio en la Constitución que elevaría los ingresos que el Gobierno central transfiere a las regiones plantea serios riesgos financieros para Colombia. 25 exministros y exviceministros de Hacienda enviaron una carta al Congreso en la que advierten sobre el impacto de la medida, conocida como Sistema General de Participaciones (SGP), que ya pasó cinco de los ocho debates requeridos para convertirse en ley.

En su mensaje, los firmantes solicitaron a los legisladores que reconsideren esta iniciativa, que propone aumentar los giros del 22% al 46,5% de los ingresos corrientes, y piden un debate más amplio que involucre a la academia, autoridades locales y la sociedad civil.

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La propuesta no solo preocupa a estos antiguos líderes del sector financiero, también divide opiniones dentro del Gobierno. Al parecer, el Ministerio del Interior mostró su apoyo al cambio, mientras que el Ministerio de Hacienda se opone firmemente, preocupado por la sostenibilidad fiscal del país. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y Fedesarrollo, dos de los principales centros de pensamiento económico en Colombia, comparten esta preocupación, considerando que la implementación de esta propuesta podría comprometer las finanzas nacionales en un momento en que el Estado ya enfrenta limitaciones presupuestarias.

Los exministros argumentan que el proyecto de ley amenaza la estabilidad macroeconómica y fiscal del país. Con el aumento en los giros a las regiones, el gasto público se incrementaría en proporción a cada nueva reforma tributaria que el Gobierno adopte, lo que para algunos economistas podría dar lugar a un “círculo vicioso” entre mayores impuestos y gasto público creciente. Los firmantes señalan que estos fondos serían insuficientes, obligando a la administración central a endeudarse más para cubrir gastos de personal, pensiones y otros gastos de funcionamiento que no se pueden ajustar debido a la inflexibilidad del presupuesto nacional.

Además, en la carta, los exministros advierten que, si se aprueba el acto legislativo, el país podría encontrarse en una situación financiera difícil, ya que las obligaciones presupuestarias restringirían aún más el margen de maniobra fiscal. “La sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, activos que han caracterizado al país en las últimas décadas, se ven amenazados de manera grave”, señalaron, enfatizando que cumplir con el objetivo de deuda del 55% del PIB o evitar llegar al 71% del PIB sería una tarea complicada de mantener bajo el escenario propuesto.

Aún con las críticas, quienes defienden el proyecto explicaron que la medida podría fortalecer la autonomía territorial y mejorar la eficiencia en la administración pública a nivel regional. Desde el Ministerio del Interior, se instó a abrir un espacio de concertación nacional para analizar el tema y discutir la posible transferencia de competencias a municipios y departamentos, señalando que “el centralismo fracasó en Colombia”.

Cuando la deuda pública de un país aumenta drásticamente, las implicaciones económicas pueden ser profundas y a menudo adversas. En primer lugar, una deuda pública elevada puede obligar al Gobierno a destinar una parte significativa de sus ingresos al pago de intereses, lo que reduce el presupuesto disponible para inversiones en infraestructura, salud, educación y otros sectores clave. En el caso de Colombia, con una deuda en alza, el cumplimiento de la “regla fiscal”, que establece un límite a la deuda del 55% del PIB, se torna complicado. De no cumplirlo, el país podría enfrentarse a una menor confianza por parte de inversionistas y calificadoras de riesgo.

El aumento de la deuda pública también puede encarecer los costos de financiamiento, ya que los acreedores exigen mayores tasas de interés al percibir un mayor riesgo. Si el país recurre a préstamos con condiciones menos favorables o aumenta su deuda externa, el valor de su moneda puede verse afectado. Un peso depreciado impacta a las importaciones, aumentando los costos de bienes y servicios, lo que a su vez podría generar presiones inflacionarias, afectando directamente el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Además, una deuda elevada limita las políticas de respuesta ante crisis económicas, pues el margen de maniobra fiscal se reduce drásticamente. En situaciones de emergencia, el Gobierno tendría menos capacidad para implementar medidas de estímulo sin que esto incremente aún más el déficit.