Desmantelan banda delincuencial que comercializaba oro de manera ilegal en el bajo Cauca y el sur de Bolívar

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de ocho personas, que al parecer sería responsables de la explotación y comercialización ilegal de oro en el bajo Cauca antioqueño y el Sur de Bolívar. El propósito de la banda delincuencial era extraer el oro desde varios yacimientos mineros y llevarlo a diferentes destinos internacionales.

La entidad de control, en conjunto con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, identificó y logró la captura de las ocho personas que estarían involucradas en las actividades ilegales detectadas.

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En este caso, los presuntos actores principales, fueron identificados como Edgar Harvey Vergara Díaz, Hoffman Leandro Vergara Díaz y Janeth Cecilia Díaz Correa; y sus posibles colaboradores inmediatos, Yerson James Zúñiga Mejía, Liseth Carolina James Rueda, Rosa Katerine Monsalve Cano, Diana María Ríos Zapata y Leidy Johana Patiño Muñoz, que cumplirían con diferentes roles como contadores, administradores y revisores fiscales.

Según la investigación, el oro fue obtenido mediante el uso de maquinaria pesada y elementos químicos, el cual era formalizado a través de una red de comercializadoras que se encuentran en Medellín (Antioquia) y Santa Rosa (Bolívar). Estas operaciones pretendían legitimar el origen del metal, alegando que había sido extraído por barequeros de subsistencia.

El proceso de formalización del oro implicaba su posterior procesamiento y exportación a Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos. Por lo que este esquema no solo afectaba el medio ambiente, sino que también involucraba prácticas fraudulentas para evadir controles legales y fiscales.

De acuerdo con la Fiscalía, la empresa obtuvo ganancias avaluadas preliminarmente en 88.000 millones de pesos. Sin embargo, se detectó que los ingresos reportados no corresponderían a las cantidades de oro enviadas al extranjero, por lo que existiría un incremento injustificado de patrimonio.

Finalmente, las autoridades intensifican sus esfuerzos para desmantelar estas redes ilegales, que no solo perjudican el entorno natural, sino que también afectan la economía formal del país. La minería ilegal es una problemática persistente en Colombia, donde múltiples áreas de selva y ríos han sido devastadas por estas actividades fraudulentas.

Según informó Semana, esta práctica ha llevado al embargo de cuentas de las EPS, desviando fondos destinados por el Estado para garantizar la atención médica en esas regiones.

El descubrimiento de esta operación ilegal fue posible gracias a una investigación conjunta con el grupo contra la corrupción de la Dijín. La Procuraduría General de la Nación fue la primera en alertar sobre las inconsistencias, lo que permitió a los investigadores actuar con rapidez para desmantelar la red. En el departamento de Sucre, por ejemplo, lograron embargar más de 18.000 millones de pesos.

La estrategia de este cartel consistía en embargar las cuentas de las EPS, lo que iba en contra de las disposiciones constitucionales y legales vigentes. Este proceder ilegal no solo afectó la estabilidad financiera de las EPS, sino que también comprometió la calidad y continuidad de los servicios de salud para los ciudadanos.

“Los procesos de cobro coactivo estarían siendo adelantados contra expresas disposiciones constitucionales y legales. Al parecer, existe un cartel de abogados que asesora a los representantes legales de las Empresas Sociales del Estado, que se remuneran hasta con el 30% de los recursos parafiscales recaudados ilegalmente y que tienen destinación exclusiva a salud”, señaló el Ministerio Público.

Finalmente, las autoridades emitieron órdenes de captura contra algunos representantes legales de hospitales, que estuvieron involucrados en este esquema de corrupción. Estos individuos habrían permitido que se ejecutaran los cobros ilegales contra las EPS, por lo que generó el desvío de fondos públicos.