Nuevos detalles de las torturas en centros de rehabilitación en Bucaramanga: las víctimas ascenderían a 500

Bucaramanga, la capital del departamento de Santander, es ahora el escenario de un escándalo que ya está en el foco de las autoridades judiciales, luego de que se descubrieran ocho supuestos centros de rehabilitación que operaban como fundaciones privadas que, en realidad, eran centros de “tortura”.

De acuerdo con los reportes de la Fiscalía General de la Nación, a través de una audiencia judicial, 21 funcionarios de estas instituciones, ubicadas en Bucaramanga, Piedecuesta y Girón en el departamento de Santander, serían responsables de la muerte de ocho personas y de abusos atroces contra más de quinientas víctimas.

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Estos centros ofrecían servicios a personas con problemas de adicción, en situación de calle o con trastornos psiquiátricos.

Los nuevos pormenores, publicados por el diario santandereano Vanguardia, indicaron que durante tres años durante los que la Fiscalía investigó estas entidades, se reveló que estas formaban parte de una estructura delictiva con conexiones en otras ciudades como Cartago en Valle del Cauca y Bogotá.

La investigación reveló que los internos sufrían condiciones inhumanas, incluyendo torturas y maltratos sistemáticos. Uno de los métodos de castigo más impactantes era el uso del “cuarto de reflexión”, un espacio reducido donde los internos eran confinados por tiempo indefinido.

“Allí ingresaban simultáneamente, sin ninguna discriminación, internos con problemas psiquiátricos y con temas de adicción. Pese a lo pequeño del espacio, ingresaba gran cantidad de personas que permanecían de pie indefinidamente”, dijo el fiscal encargado del caso, citado por el portal informativo.

Sin embargo, además de los casos ya divulgados en jornadas anteriores, se conoció el testimonio de la familia de Abraham Josué Chía Robles, un joven de 27 años que murió en uno de estos centros el 10 de septiembre de 2021.

En la audiencia se conoció que Chía Robles fue golpeado y asfixiado en un pequeño cuarto junto a otras nueve personas. La Alcaldía de Bucaramanga realizó un operativo durante misma noche de su muerte, y encontró a 75 personas hacinadas y evidencias de violaciones a los derechos humanos.

La Fiscalía también destacó el uso de drogas para sedar a los internos, quienes eran llevados a la fuerza por sus familiares y líderes de las fundaciones. Estas sustancias, de contenido desconocido, se utilizaban para facilitar el traslado de los pacientes a los centros de rehabilitación. Además, se reportaron abusos sexuales contra menores de edad, quienes permanecían sedados.

En respuesta a estos hallazgos, la Fiscalía, con el apoyo del Ejército Nacional, logró judicializar a 21 personas vinculadas con estos actos de violencia y tortura. Durante las audiencias, se revelaron detalles escalofriantes sobre las prácticas de los líderes y cuidadores de estos centros.

La situación ha generado una fuerte reacción en la comunidad y ha puesto en evidencia la necesidad de una regulación más estricta de los centros de rehabilitación en Colombia. La Fiscalía continúa sus investigaciones para desmantelar por completo esta red delictiva y garantizar justicia para las víctimas.

En la jornada del 24 de octubre se revelaron primeros detalles de esta red de fundaciones privadas, entre las que están Neurosanar, Bethel, Funcape, No te Rindas, Ríos de Jordán, César Benicio Grimaldos Gómez, y Corporación Empresarial y Artesanal Mujeres con Propósito.

A su vez, El Tiempo informó que las víctimas solían ser inmovilizadas, además de vivir en condiciones deplorables, con olores desagradables como el de los “orines”.

Una de las víctimas relató que eran mantenidas esposadas en cuartos de reflexión, donde un hombre abusaba de una de sus compañeras. Además, eran encerradas en espacios reducidos y obligadas a hacer sus necesidades en bolsas, según el testimonio recogido por el diario nacional.

“Nos tenían esposadas, encerradas en un cuartos de reflexión. Un señor abusada de una de mis compañeras, nos encerraban en un cuarto pequeños y nos tocaba hacer las necesidades en bolsas por cinco días”, fue una de las confesiones que hizo una afectada.

La investigación que llevó a las capturas se centró en las prácticas ilegales dentro de estos centros, que operaban bajo la fachada de ofrecer servicios de rehabilitación. Las autoridades continúan investigando para determinar el alcance total de los crímenes y asegurar que los responsables enfrenten la justicia.