En la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, un incidente en una institución educativa ha generado preocupación entre las familias y autoridades.
Un menor de 12 años ha sido amenazado de muerte por un compañero de clase, según informó un medio local. Las intimidaciones comenzaron después de que el niño abrazara a una compañera, lo que provocó la ira de un estudiante de 16 años del mismo curso.
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Este caso ha puesto en evidencia la creciente violencia en las aulas y la falta de medidas efectivas para garantizar la seguridad de los estudiantes.
“Mi hijo no quiso venir al colegio. Le contó todo a su mamá. La mamá vino y lo trajo aquí. Los guardas le decían que ingresara, que al niño no le iba a pasar nada, que lo dejara. Pero, según tengo entendido, una chica le dijo a la mamá de mi hijo: ‘No lo deje, porque lo van a dañar’”, afirmó el padre del menor en conversaciones con CityTv.
Durante una inspección realizada por las autoridades, se encontraron dos armas blancas en la mochila del presunto agresor, lo que incrementó la preocupación de los padres del menor amenazado. Estos expresaron su desconfianza en la capacidad de la institución para proteger a sus hijos, señalando que no se han tomado medidas concretas para garantizar su seguridad.
La situación ha sido escalada a la Secretaría de Educación, que asegura haber estado brindando apoyo a las familias desde el inicio del conflicto.
Los padres del menor de edad buscan que la institución educativa, además de brindar protección, le faciliten oportunidades para terminar su año escolar. “Se va a terminar el año escolar. La idea es que el colegio nos proporcionará algunos elementos, o sea guías o algo para que él pudiera terminar desde la casa y ya, pues al otro año ya yo lo saco de aquí”, afirmó la madre del joven, en diálogos con el medio mencionado.
El temor de los padres se centra en la posibilidad de que el niño pueda ser atacado fuera del colegio, ya que, aunque el agresor ha sido expulsado, no se sienten seguros con las medidas adoptadas. La familia del niño amenazado ha solicitado que se le permita terminar el año escolar desde casa para evitar cualquier riesgo.
La comunidad educativa se encuentra en estado de alerta, y se hace un llamado a la colaboración entre padres, docentes y autoridades para crear un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje. La implementación de protocolos más efectivos es crucial para prevenir situaciones similares en el futuro.
La Secretaría de Educación ha sido cuestionada por algunos padres sobre la efectividad de sus intervenciones, ya que consideran que las amenazas persisten y que no se han implementado suficientes estrategias para garantizar un entorno seguro para los estudiantes.
Estudiantes de Bogotá podrán beneficiarse de transporte escolar; aquí los criterios
Bogotá ha establecido un proceso para que las familias de estudiantes que deseen continuar en los colegios públicos de la ciudad formalicen la matrícula de manera presencial entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de enero de 2025. Este procedimiento es esencial para asegurar la continuidad de los beneficios educativos durante el año escolar de 2025, según informó la Secretaría de Educación de Bogotá.
Los beneficios escolares, que incluyen kits de útiles y movilidad escolar, están sujetos a ciertos criterios. Entre estos se encuentran la pertenencia a la población Sisbén IV en los grupos A, B o C1 a C5, ser parte de grupos étnicos, ser víctima del conflicto armado, o residir en zonas rurales. Además, es necesario que los datos del estudiante y del acudiente estén actualizados y que el formulario de inscripción se complete en su totalidad para evaluar la asignación de estos beneficios.
Para acceder a estos beneficios, las familias deben realizar una inscripción previa entre el 15 de octubre y el 29 de noviembre de 2024 a través del portal web www.matriculas.educacionbogota.edu.co. Este paso es crucial para que los estudiantes puedan recibir los apoyos necesarios durante el año escolar.
El plan de movilidad escolar se asigna a estudiantes que viven en áreas sin colegios oficiales con cupos disponibles o en zonas rurales. Específicamente, se considera para aquellos cuya vivienda se encuentra a más de 2 kilómetros de la institución educativa para estudiantes de primero de primaria en adelante, o a más de 1 kilómetro para estudiantes de primera infancia o con alguna discapacidad.