En el contexto de la XXII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Trabajo, la ministra de Trabajo de Colombia, Gloria Inés Ramírez, habló sobre la importancia del salario mínimo como herramienta para combatir la desigualdad y la pobreza laboral.
Destacó que el incremento del salario mínimo no destruye empleos, sino que puede estimular la inversión y el consumo.
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Ramírez explicó que la negociación del salario mínimo en Colombia para el 2025 se centrará en proteger el poder adquisitivo de los colombianos. La ministra subrayó que las medidas de desindexación han sido clave para sacar de la extrema pobreza a 1.6 millones de trabajadores en el país.
“No es cierto que los costos laborales sean los que acaban con las empresas”, afirmó Ramírez, argumentando que empresas con derechos sólidos son más productivas.
Durante la conferencia, Ramiréz anunció la creación de una carta global de derechos laborales que será presentada ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Este documento incluiría el salario mínimo como un elemento clave para la reactivación económica de la región.
La discusión sobre el salario mínimo se da en un contexto de alta informalidad laboral y desigualdad en Colombia, según Ramírez. La ministra destacó que mantener el incremento salarial es crucial para estimular la economía y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.
“Observamos como el aumento del salario mínimo es un mecanismo para la superación de la pobreza y, por lo tanto, la estrategia para la generación de oportunidades para las poblaciones históricamente excluidas; para las mujeres las semillas, la población migrante, las personas LGBTI entonces avances estos avances en la región nos permitirán transitar hacia una carta global de derechos laborales sobre principios y estándares mínimos que la paz la justicia social y la justicia de género sean el horizonte de la Región de las Américas seguiremos construyendo el futuro del trabajo en las Américas cimentando la paz, la justicia social y la acción climática”, explicó la ministra colombiana en su intervención.
El desafío de la informalidad laboral en Colombia: el 56% de empleados sin contratos formales
Durante la XXII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, celebrada en Bogotá, la ministra de Trabajo de Colombia, Gloria Inés Ramírez, destacó un preocupante dato: el 56% de los empleados en Colombia trabajan en la informalidad, según cifras del Departamento Nacional de Estadística (Dane).
Este fenómeno representa un desafío significativo para el gobierno colombiano, que busca mejorar las condiciones laborales y reducir la desigualdad económica.
El evento, organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA), reunió a importantes figuras del ámbito laboral y gubernamental de las Américas en el Hotel Tequendama. La conferencia abordó temas cruciales como la protección de los derechos laborales, el fomento de empresas sostenibles y la integración de nuevas tecnologías en los entornos laborales.
Además, se subrayó la necesidad de combatir la pobreza y la desigualdad, problemas estructurales que afectan a muchos países de la región.
En este contexto, la OEA enfatizó la importancia de construir un “nuevo contrato social” que permita avanzar hacia la justicia social y la equidad económica. Este marco de cooperación busca enfrentar los retos que plantea la informalidad laboral, un problema que no solo afecta a Colombia, sino a varios países de América Latina.
La ministra Ramírez, en su intervención, reconoció que, a pesar de los avances logrados en la última década, la informalidad sigue siendo un obstáculo para el desarrollo económico y social del país. Según el Dane, la tasa de informalidad laboral en Colombia ha alcanzado el 56%, lo que refleja la magnitud del desafío que enfrenta el gobierno para mejorar las condiciones laborales y garantizar la protección de los derechos de los trabajadores.
La conferencia también sirvió como plataforma para discutir la integración de nuevas tecnologías en el ámbito laboral, un aspecto clave para mejorar la productividad y la competitividad de las empresas en la región. La OEA destacó la necesidad de fomentar empresas sostenibles que puedan adaptarse a los cambios tecnológicos y contribuir al desarrollo económico de sus países.
En resumen, la XXII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo puso de relieve la urgencia de abordar la informalidad laboral y otros desafíos estructurales que afectan a la región. La cooperación internacional y la implementación de políticas efectivas serán fundamentales para lograr avances significativos en términos de justicia social y equidad económica.