Millonaria compra de camionetas para la UNP se cayó, hay irregularidades y sobrecostos en la licitación

En septiembre de 2024, se conoció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) estaba buscando comprar camionetas blindadas para los esquemas de seguridad de personas amenazadas, por lo que haría una inversión de 74.000 millones de pesos para comprar cerca de 170 vehículos.

El proceso era liderado por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, pero el dinero que será utilizado ha provocado que la compra sea bloqueada en dos ocasiones, principalmente por las denuncias sobre favorecimientos en la licitación y sobrecostos.

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Sobre este tema, El Tiempo informó que en junio de 2024 se frustró la compra debido a que el plazo de ejecución del contrato era hasta diciembre de 2024, pero una de las cláusulas indicaba que se debía pagar el 90% del valor como anticipo.

“Las camionetas Prado que pueden ajustarse a las características de la licitación están avaluadas en 320 millones de pesos y ya no están en el mercado, por eso se reemplazarían por Fortuner que están en alrededor de 250 millones de pesos, son cerca de 80 millones de diferencia”, indicó un empresario del sector al medio citado sobre las irregularidades.

El 25 de octubre, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares informó que se ordenó la revocatoria del proceso de adjudicación de la compra de las camionetas blindadas, luego de que el procurador Marcio Melgosa advirtiera las irregularidades que tenía el documento.

“La experiencia requerida para presentar la oferta deberá ser acreditada mediante mínimo uno (1) y máximo veinte (20) contratos suscritos y ejecutados registrados en el RUP en la venta y/o distribución y/o comercialización de vehículos blindados en alguno de los siguientes códigos cuya sumatoria debe ser igual y/o superior al 100% del presupuesto oficial de cada grupo”, se lee en el polémico contrato.

En la resolución 1180, con la que se revoca el proceso, se determinó que las observaciones de la Procuraduría General de la Nación fueron vitales para que se tomara la decisión, puesto que había riesgo de que se afectara o viciara la actuación de la entidad.

“Las observaciones y cuestionamientos que se suscitaron tanto por los interesados como por la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en modo alguno afectan o vician la actuación previa a la publicación y apertura del proceso dispuesta a través de la resolución cuya revocación se ordenará, motivo por el cual la Entidad considera dejar a salvo toda esa etapa previa de publicación del proyecto de pliego de condiciones”.

Además, Melgosa indicó que las cláusulas podrían interpretarse como una restricción para impedir la participación de los interesados, puesto que una de ellas era que la experiencia se tendría que presentar de manera directa.

Esta no es la primera vez que se registran escándalos ligados a la Unidad Nacional de Protección, que en 2024 ha sido protagonista de múltiples críticas por el comportamiento de algunos de los protegidos.

Entre ellos se destacan los integrantes de las disidencias de “Calarcá” que hacen parte de los diálogos de paz con el Gobierno nacional, que en más de una ocasión han sido denunciados por movilizar a guerrilleros que aún tienen vigente orden de captura en su contra.

En uno de estos hechos, un operativo del Ejército Nacional terminó con la captura de tres integrantes del grupo guerrillero que estaban a bordo de camionetas blindadas que habían sido asignadas a voceros de las disidencias, que meses atrás habían recibido una amnistía durante el tercer ciclo de conversaciones.