Petro estalló por investigación a sus funcionarios por presunto uso indebido de redes sociales: “¿La Procuraduría quiere ser Gestapo?”

En la mañana del 25 de octubre la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que abrió una investigación disciplinaria contra el exembajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco Daza, que ocupó el cargo entre 2023 y 2024, y el viceministro de la Juventud, Gareth Steven Sella Forero.

También están bajo investigación María Niny Echeverry, ex jefe de la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial de la Superintendencia de Industria y Comercio en ese periodo, y Jaider David Rozo Rojas, de RTVC Sistema de Medios Públicos.

Según el ente disciplinario, los involucrados habrían realizado publicaciones en la red social X entre marzo y junio de este año, en las que señalaban que la información dada por la periodista Diana Saray Giraldo en una emisora nacional había influido en el asesinato del líder campesino Josué Castellanos, ocurrido el pasado 5 de marzo en Tame, Arauca.

La Procuraduría considera que estos comentarios podrían haber atentado contra el buen nombre, el honor y la integridad de Giraldo, al crear lo que describe como un “escenario de violencia digital” en su contra.

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Además, el organismo de control reconoció a Giraldo como víctima dentro de este proceso, amparándose en la ley 1257 de 2008, la cual establece normas para la protección y sanción frente a la violencia y discriminación hacia las mujeres, así como en tratados internacionales que garantizan los derechos de las mujeres a una vida digna, integridad física y psicológica, y a estar libres de discriminación.

Gracias a este reconocimiento, la periodista podrá solicitar y presentar pruebas, participar en la práctica de las mismas, recurrir a recursos legales y solicitar copia del expediente en cualquier momento.

La investigación busca determinar la veracidad de las publicaciones, establecer si constituyen una falta disciplinaria, y evaluar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjeron estos comentarios, así como la responsabilidad de los investigados en el caso.

En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro cuestionó la decisión del Ministerio Público y acuso a la entidad de persecución política contra funcionarios de su gobierno.

“Esto se llama persecución de una policía política que limita la libertad de expresión y censura. ¿La procuraduría quiere ser Gestapo? Le pido a las víctimas de esta violación de derechos humanos, poner las denuncias respectivas en la justicia nacional e internacional. En el gobierno del cambio los funcionarios no violan derechos humanos”, señaló.

Además, la Procuraduría ha ordenado la práctica de varias pruebas, incluyendo:

• Solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Igualdad, Superintendencia de Industria y Comercio, y RTVC Sistema de Medio Públicos información sobre la vinculación o designación de los investigados, así como sueldos devengados, direcciones, teléfonos, correos electrónicos, y copias de los actos de nombramiento y desvinculación.
• Escuchar en diligencia de ampliación y ratificación de queja a Diana Saray Giraldo Mesa. La fecha y hora para esta declaración se fijará posteriormente y será comunicada a los sujetos procesales.
• Solicitar apoyo técnico a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría para verificar las publicaciones en la red social X de los perfiles mencionados y establecer un informe técnico sobre la identificación de las cuentas y las publicaciones, especialmente las que involucran a Diana Giraldo, Josué Castellanos, el ELN y la guerrilla.

La investigación busca establecer si los mensajes públicos de los funcionarios e influencers vulneraron los derechos a la honra y al buen nombre de la periodista y si su participación impulsó un clima de violencia digital que podría constituir acoso en redes sociales.

En respuesta a la investigación, Álvaro Moisés Ninco Daza publicó en su cuenta de X: “¿Para qué necesita abogados si Diana Giraldo y los poderosos tienen Procuradora de bolsillo? No hubo necesidad siquiera de que su abogado pusiera la demanda. Al menos disimulen la utilización política de los entes de control que aún dirigen”.