Indígenas emberá siguen usando el cepo para castigar a menores de edad en Bogotá: secretario de Integración Social hizo la denuncia

Roberto Angulo, secretario distrital de Integración Social, dio a conocer que en la UPI La Florida algunos integrantes de la comunidad emberá sometieron al cepo a dos menores de edad, mujeres preadolescentes. Otras cuatro personas fueron castigadas allí.

Angulo señaló que la UPI no es jurisdicción indígena, por lo cual estas acciones son ilegales y la garantía de los derechos de los menores debe ser defendida por las autoridades distritales encargadas de atender a la población indígena en la capital del país.

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No es la primera vez que un hecho como estos ocurre. En agosto de 2024 Integración Social denunció cómo varios menores fueron sometidos a estas torturas en pleno Parque Nacional, a los ojos de varios ciudadanos.

Este método de castigo era utilizado en la época colonial contra las comunidades indígenas y se sigue utilizando para corregir a quienes no siguen determinadas reglas. El mandatario local informó que el hallazgo en agosto de los menores que estaban sometidos al cepo se dio en medio de una inspección llevada a cabo por el distrito en el Puesto de Mando Unificado (PMU) del lugar.

En X, indicó que el parque Nacional donde viven cientos de indígenas debería ser un lugar seguro para los niños.

“Rechazamos categóricamente estos actos cometidos por parte de la comunidad Emberá. Insistimos en que no se cumplen los elementos necesarios para aplicar jurisdicción indígena en el Parque Nacional y ampliaremos las denuncias puestas ante la Fiscalía por usurpación de funciones públicas. Seguiremos haciendo todo lo necesario para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes”, aseveró el alcalde Galán en la red social.

De acuerdo con un funcionario de la Consejería, el 25 de julio denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación que algunos indígenas llevó al cepo a un habitante de calle. Luego, el 14 de agosto, acudieron nuevamente al ente investigador, en aras de ampliar la denuncia con detalles sobre los presuntos responsables.

Así las cosas, lo ocurrido con los menores de edad será puesto en conocimiento de la Fiscalía, entidad a la que ya se le solicitó que dicte una medida cautelar para que se pueda levantar el cepo, y así evitar que más personas sean sometidas a este tipo de penitencia.

La Consejería también indicó que se pedirá al Ministerio Público la disposición de una agencia especial que contribuya en la lucha por garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

“Aquí en el parque Nacional no hay jurisdicción indígena y, por lo tanto, no se pueden usurpar funciones públicas”, precisó el funcionario.

Un caso similar se presentó en marzo de 2024 en el municipio de La Unión (Sucre), donde una mujer fue sometida al castigo del cepo en el cabildo indígena de Villa Fátima, puesto que, presuntamente, sería responsable de la pérdida de $360 millones que habían sido donados por una empresa petrolera y que debían recibir las familias del cabildo.

Según reseñó El Heraldo, la mujer es una extesorera indígena que, justamente, debía cuidar el dinero. Cuando los recursos desaparecieron, la ciudadana indicó que fue víctima de dos robos: uno de $200 millones y otro de $160 millones. Sin embargo, la comunidad indígena no creyó en su versión de los hechos y decidió subyugarla.

En la época colonial, el método de castigo era utilizado contra la población indígena, ya que existía la creencia de que debía ser controlada. El fotógrafo suizo Ernst Röthlisberger retrató un caso ocurrido a finales del siglo XIX en Bogotá, en donde se ve a un ciudadano con sus pies inmovilizados, en medio de una zona de trabajo.