Por torturas y abusos sexuales en fundaciones de rehabilitación, capturaron a 21 personas: los internos también eran drogados

El 22 de octubre de 2024, un operativo conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y el Ejército Nacional resultó en la captura de 21 personas involucradas en graves delitos cometidos en al menos ocho fundaciones de rehabilitación en Bucaramanga y Piedecuesta.

Según el medio Vanguardia, entre los detenidos se encuentran Reinaldo Jaime Blanco y Álvaro Javier Salazar, señalados como los cabecillas de esta red criminal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Estas fundaciones, que supuestamente ofrecían servicios de rehabilitación para consumidores de drogas y personas con enfermedades psiquiátricas, resultaron ser “casas de tortura” donde los internos sufrían abusos sexuales, torturas y castigos físicos. La intervención reveló un “cuarto de reflexión”, un espacio de 2x2 metros donde se encerraba a los internos problemáticos.

La red, que operaba desde 2013, privaba de libertad a personas en estado de vulnerabilidad, sometiéndolas a condiciones degradantes. Según la Fiscalía, los internos eran drogados sin prescripción médica para someterlos y se les infligían tratos inhumanos con el conocimiento de los directores.

La Fiscalía reveló que los directores de estas fundaciones delegaban la vigilancia de los nuevos pacientes a internos más antiguos, quienes ejercían violencia con el consentimiento de las directivas. Para captar nuevos pacientes, la organización privaba de libertad a personas en estado de indefensión y les suministraba medicamentos sin prescripción médica.

De acuerdo con el medio mencionado, el caso cobró notoriedad en el 2021 tras el asesinato de Abraham Josué Chía Robles, de 27 años, quien fue golpeado y asfixiado en un cuarto de castigo dentro de una de las fundaciones. A raíz de su muerte, la Alcaldía de Bucaramanga realizó una inspección, encontrando a 75 personas hacinadas en condiciones insalubres y evidenciando múltiples violaciones de derechos humanos.

Las autoridades clausuraron varias fundaciones y los detenidos enfrentarán cargos por concierto para delinquir, secuestro, tortura, abuso sexual y otros delitos.

Según testimonios y material visual difundido obtenido por la fuente citada, alrededor de 60 pacientes habrían sido víctimas de maltratos, incluyendo encadenamientos y heridas visibles.

César Orlando Estupiñán, director de una fundación dedicada a la rehabilitación de personas con adicciones, fue judicializado el 14 de agosto de 2024 por la Fiscalía General de la Nación por presuntos delitos de secuestro agravado, tortura agravada y ocultamiento o destrucción de pruebas materiales.

Según la investigación de un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Valle del Cauca, Estupiñán habría ordenado actos de vejación contra individuos en proceso de recuperación.

Una de las denuncias más impactantes proviene de una víctima que relató que el líder de la fundación utilizó electricidad para agredir a una mujer, lo que, según se afirma, resultó en su muerte.

Otro testigo corroboró esta versión, mencionando que la mujer fue sometida a golpes y asfixia. Estos testimonios han sido documentados por medios locales, como Noticias RCN, que también entrevistaron a un hombre que se identificó como soldado profesional y que relató haber sido encadenado y golpeado en el centro.

El personero de Cali hizo un llamado urgente a las autoridades para que se realice una investigación exhaustiva y se determinen responsabilidades, especialmente en caso de confirmarse la muerte de la mujer en el lugar. La Personería de Cali se ha comprometido a seguir de cerca el caso y a garantizar el respeto de los derechos humanos de los afectados.

La comunidad exige respuestas claras de la fundación y una rápida resolución de las investigaciones. Además, se recuerda que, de acuerdo con el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cualquier acto de tortura o trato cruel es una violación a la dignidad humana y debe ser firmemente condenado.

La situación ha atraído la atención de organizaciones defensoras de derechos humanos, que están monitoreando el desarrollo de los acontecimientos. La ONG Human Rights Watch ha abogado durante años por el cierre de instalaciones que emplean métodos de tortura como tratamiento para usuarios de drogas, advirtiendo que este no es un caso aislado en Colombia.