El Ministerio de Justicia se encuentra en el centro de una intensa controversia tras la filtración de un borrador de decreto que contempla la posibilidad de que los menores de edad puedan cambiar su identidad de género a nivel notarial. Este proyecto generó un fuerte debate en el Congreso y en la opinión pública, con críticas provenientes de sectores conservadores que acusan al Gobierno de Gustavo Petro de impulsar una agenda ideológica a través de la normativa sobre identidad de género.
El decreto plantea la creación de cuatro opciones de identidad de género en los documentos de identidad: Femenino (F), Masculino (M), No Binario (NB) y Trans o Travesti (T). Aunque ya existen mecanismos para que los adultos puedan modificar su identidad de género, lo que causó mayor revuelo es que, según el texto, los menores de edad también podrían solicitar este cambio sin que los notarios puedan oponerse. En un apartado del decreto se establece que “en caso de que la persona solicitante sea menor de edad (...) quienes ejercen la función notarial no podrán rechazar la solicitud de corrección”.
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Este fragmento suscitó una ola de críticas, especialmente entre legisladores que ven la propuesta como una amenaza a los derechos parentales. El representante a la Cámara Luis Miguel López, del Partido Conservador, manifestó su indignación y pidió al Gobierno que deje a los menores “ser niños” y acusó al proyecto de promover una “ideología” que, según él, atenta contra los valores familiares. López expresó su preocupación porque, en su opinión, este tipo de medidas se están tomando sin tener en cuenta a los padres de familia.
El senador Mauricio Giraldo también levantó su voz en contra del borrador, calificando la propuesta como un ataque directo a la patria potestad y al núcleo familiar. Giraldo declaró que, de ser aprobado este decreto, emprendería acciones legales por inconstitucionalidad, advirtiendo que lo que el Gobierno de Petro está haciendo es “una guerra declarada contra la Familia”. Este tipo de críticas apuntan a que el Estado está interviniendo en decisiones que deberían ser competencia exclusiva de los padres, especialmente en lo que respecta a los menores de edad.
El decreto establece que para realizar el trámite, los ciudadanos deben presentar una serie de documentos, como una copia del registro civil, una declaración escrita sobre el cambio de identidad de género y los papeles de los representantes legales en caso de que el solicitante sea menor de edad. Sin embargo, un apartado específico del decreto aclara que si un menor de edad solicita el cambio sin acompañamiento de sus representantes legales, el notario tendrá la obligación de tramitar la solicitud y remitir el caso a la Defensoría de Familia.
Este último punto fue otro foco de controversia, ya que, según algunos críticos, podría implicar que los menores de edad puedan tomar decisiones sobre su identidad de género sin la aprobación de sus padres, algo que muchos consideran una vulneración directa a los derechos de las familias. Aunque la propuesta aún se encuentra en fase de borrador, su mera existencia provocó un debate nacional sobre los derechos de los menores, el papel de los padres y el alcance del Estado en temas de identidad de género.
La polémica no es nueva. La Superintendencia de Salud también estuvo en el centro del debate por una circular relacionada con la identidad de género de los menores. Esto llevó a muchos a interpretar la situación como parte de una agenda más amplia del Gobierno que busca avanzar en derechos relacionados con la identidad de género, lo cual, para algunos sectores conservadores, representa un riesgo para los valores tradicionales.
A pesar de las críticas, el Ministerio de Justicia aún no emitió una declaración oficial sobre si este decreto será modificado o cuándo se presentará oficialmente. Sin embargo, el debate que suscitó muestra la profundidad de las divisiones en el país sobre temas de género, familia y derechos de los menores.