El Consejo de Estado anuló una medida cautelar dictada por el Tribunal de Cundinamarca que, en 2023, había ordenado al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) implementar un plan urgente para abordar la escasez de medicamentos en el país.
Esta decisión surge a raíz de una apelación presentada por el Invima, que argumentó que su vinculación en el proceso judicial fue indebida y que la responsabilidad por el desabastecimiento de medicamentos no recaía exclusivamente sobre esta entidad.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
Todo comenzó con una demanda interpuesta por la Procuraduría General de la Nación ante el Tribunal de Cundinamarca, en la cual se pedía reformular la política de control de precios de los medicamentos. La solicitud incluía la creación de una Mesa de Trabajo con actores clave del sector farmacéutico, la implementación de un sistema de control de precios para medicamentos esenciales y una auditoría de las compras de medicamentos realizadas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Además, se pedía fortalecer el control sobre los precios y las sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y la devolución de recursos percibidos ilegalmente por sobrecostos.
La demanda inicial solo mencionaba al Ministerio de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Nacional de Salud y varias empresas del sector. Sin embargo, en octubre de 2023, la Procuraduría añadió un nuevo escrito en el que involucraba al Invima, argumentando que el represamiento de más de 27.000 solicitudes de registro de medicamentos afectaba la disponibilidad y el precio de los mismos, un problema que atribuía a la falta de un director en propiedad en la entidad.
Este nuevo alegato llevó al Tribunal de Cundinamarca a ordenar que el Invima priorizara la resolución de estas solicitudes, además de proponer estrategias para facilitar el acceso a las materias primas necesarias para la producción de medicamentos. Aunque el Invima presentó un plan y reportó avances en su implementación, decidió apelar la decisión del Tribunal, alegando que la medida no era justa ni pertinente.
La apelación del Invima y el fallo del Consejo de Estado
En su apelación, el Invima argumentó que había sido vinculado al proceso judicial de manera tardía y que su papel es únicamente el de ejecutar políticas formuladas por el Ministerio de Salud en materia de vigilancia sanitaria, por lo que no se le podía atribuir la responsabilidad por el desabastecimiento de medicamentos en el país. La entidad señaló que su inclusión en la demanda estaba relacionada con un supuesto rol regulador que no le correspondía, y que la decisión del Tribunal se desviaba del objetivo inicial de la demanda, centrado en la regulación de los precios de los medicamentos.
El Consejo de Estado, en su fallo reciente, respaldó los argumentos del Invima y anuló las medidas cautelares del Tribunal de Cundinamarca. En su decisión, el Consejo explicó que había una desconexión entre las pretensiones de la demanda original, que buscaba garantizar el acceso a los medicamentos a través de la regulación de precios, y la medida cautelar que ordenaba la solución al desabastecimiento de los mismos.
“La medida cautelar tuvo por objeto proteger los derechos colectivos como consecuencia de la crisis de desabastecimiento, cuando las pretensiones de la demanda tienen por objeto la protección de los derechos e intereses colectivos como consecuencia de la falta de regulación de los precios de medicamentos e insumos médicos en el mercado”, señaló el alto tribunal, señalando que, aunque tanto el desabastecimiento de medicamentos como la desregulación de precios pueden afectar el acceso a la salud, son problemas diferentes que requieren soluciones específicas.
Con esta decisión, el Invima ya no está obligado a cumplir con las medidas ordenadas por el Tribunal de Cundinamarca, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de las acciones que ya había iniciado para resolver el problema del desabastecimiento. Aunque el instituto ha mostrado avances en la resolución de las solicitudes de registro de medicamentos, la crisis de escasez sigue siendo una realidad que afecta a miles de pacientes en el país, particularmente a aquellos con enfermedades de alto costo y condiciones raras o huérfanas.