Olmedo López denunció ante la CIDH que el ELN quiere matarlo: “Buscan silenciarme”

El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sigue dando de que hablar tras la confesión de Olmedo López, exdirector de la entidad, y Sneyder Pinilla, su segundo al mando, de utilizar $40.000.000.000 destinados a la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira en coimas, con el fin de conseguir que las reformas sociales del presidente de la República, Gustavo Petro, se aprobaran en el Congreso de la República.

Entre los principales implicados en el proceso destacan los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, que presuntamente recibieron multimillonarios incentivos para apoyar varios proyectos de ley. Asimismo, altos miembros del Gobierno, como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fueron mencionados por López, que, según él, supuestamente aprobó la entrega de contratos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y evitar que los diálogos de paz corrieran riesgos.

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El exfuncionario fue enviado al cantón militar Caldas, en Bogotá, para proteger su integralidad física mientras se resuelve su futuro. Sin embargo, López denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, pese a la protección brindada por el Estado, su vida sigue corriendo peligro a causa de las amenazas del ELN en su contra.

A su vez, sostuvo que el grupo armado ilegal lo catalogó como su principal objetivo militar gracias a su colaboración en el proceso jurídico que adelanta la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia por corrupción, reveló Blu Radio.

“Mis declaraciones han sido interpretadas como una amenaza directa a la capacidad armamentista del ELN, y por eso me han convertido en un objetivo militar”, aseguró López en el documento enviado a la CIDH.

En la denuncia, el exdirector de la Ungrd también señaló que su representante legal, José Luis Moreno, fue atacado por el grupo guerrillero. Al mismo tiempo, él y su entorno cercano han sido atacados por células urbanas de la organización al margen de la ley, lo que en definitiva evidencia la gravedad de la situación.

“El ELN, a través de posibles células urbanas, ha realizado actos de intimidación como el vandalismo y el robo de documentos importantes. Estos son claros intentos de desestabilizar mi testimonio y silenciarme”, agregó.

A propósito, dijo que este tipo de amenazas “no solo ponen en riesgo mi vida, sino también la de quienes me defienden legalmente”. Según López, no solo buscan su silencio, sino que pretenden evitar que continúe colaborando con la justicia, para que no siga salpicando a más funcionarios de alto nivel.

Por otro lado, el exdirector de la entidad, encargada de dirigir la puesta en funcionamiento de la gestión del riesgo de desastres, manifestó que además de las amenazas por parte del ELN, también está expuesto a posibles represalias de los funcionarios estatales que fueron salpicados en el entramado de corrupción.

El 23 de octubre de 2024 se conoció información sobre nuevos implicados en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres.

Entre ellos, Fabián Martínez, alcalde de Becerril, César; Jonathan Vásquez, de Barrancabermeja, Santander; y Carlos Torres, que ofició como gobernante en Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar.

A la lista de implicados se suman funcionarios de los municipios de Saravena, Arauca y Cotorra, Córdoba, dos poblaciones a las que se habrían direccionado contratos para favorecer una serie de congresistas, como Karen Manrique, representante por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep); Wadith Manzur, expresidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y el exalcalde de Pereira y hoy senador Juan Pablo Gallo.