María Fernanda Cabal rechazó la declaratoria del Monumento de la Resistencia como patrimonio cultural: anunció acciones legales

El anuncio del ministro de Culturas, Juan David Correa, sobre la declaración del Monumento de la Resistencia de Cali como patrimonio de los colombianos, ha desatado una gran polémica. Entre las voces más críticas se encuentra la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien aseguró que demandará esta decisión y calificó la estructura como un símbolo del “terrorismo urbano”.

Correa hizo el anuncio en medio de una manifestación en Cali, donde explicó que el próximo domingo, 27 de octubre, estará en el sitio del monumento para entregar el expediente que iniciará el proceso de declaratoria. El ministro defendió la importancia histórica y cultural del monumento, erigido durante las protestas del paro nacional en 2021. “La resistencia es como el agua: cuando se la intenta estancar, ocultar, canalizar o arrasar, tarde o temprano regresa para decir que jamás se ha ido”, afirmó Correa durante su discurso.

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El monumento, una estructura de 13 metros de altura ubicada en el sector de Puerto Rellena, fue construido durante las protestas del paro nacional en honor a los jóvenes que perdieron la vida en medio de las manifestaciones. Para el gobierno y muchos sectores de la comunidad, esta obra representa un testimonio de la lucha por la justicia social y la resistencia frente a la violencia policial.

“La resistencia nunca más será acosada, no mientras vivan ustedes y creen comuniones como lo hicieron nuestros pueblos ancestrales alrededor de lagunas, humedales y el cielo. Ustedes son nuestro espejo”, expresó el ministro Correa, reafirmando la importancia de preservar el monumento como un bien cultural para las futuras generaciones.

La declaratoria como patrimonio cultural implica que el Estado estará obligado a salvaguardar la estructura y garantizar que su valor histórico sea transmitido a las generaciones futuras. Sin embargo, esta decisión ha encontrado una fuerte oposición, no solo en redes sociales, sino también en sectores políticos, como el que representa Cabal.

María Fernanda Cabal, conocida por su postura firme contra las protestas del paro nacional, no solo expresó su desacuerdo con la declaratoria al monumento, sino que anunció acciones legales para frenar la decisión del Ministerio de Cultura.

“Este no es un monumento, es un adefesio que representa el terrorismo urbano en Cali, que mató y torturó policías, acabó con el comercio, provocó la muerte de una niña, entre otros hechos. Demandaré el decreto. No a la apología al terrorismo”, escribió en X.

La senadora ha insistido en que la obra no debe ser protegida, sino derribada, argumentando que glorifica actos de violencia y destrucción que afectaron gravemente a la ciudad durante las protestas. Sus palabras han resonado entre aquellos que ven el monumento como una herida abierta, mientras que otros, principalmente en sectores populares y organizaciones sociales, lo ven como un recordatorio de las luchas que marcaron un punto de inflexión en la historia reciente de Colombia.

En marzo de 2022, un inspector de Policía ordenó su derribo bajo el argumento de recuperar el espacio público, aunque la medida no se ejecutó completamente debido a que la administración de la ciudad, liderada en ese entonces por el alcalde Jorge Iván Ospina, aclaró que el monumento contaba con los permisos necesarios para permanecer en el lugar.

El monumento, que muestra un puño izquierdo en alto sosteniendo una pancarta con la palabra “resiste” y está pintado con colores vibrantes e imágenes de jóvenes como Lucas Villa, asesinado durante las protestas, fue inaugurado el 13 de junio de 2021. La licencia para su instalación fue otorgada por la dirección de Planeación en agosto de ese mismo año, tras una solicitud de las Juntas de Acción Comunal de los barrios José Holguín Garcés y Villa del Sur.

Con la demanda anunciada por María Fernanda Cabal, el futuro del Monumento de la Resistencia quedaría en manos de los tribunales. Mientras el Gobierno nacional avanza en el proceso de declaratoria como patrimonio cultural, la disputa legal y política continúa en torno a si la estructura debe preservarse o desmantelarse.