Emilio Tapia fue exonerado de responsabilidades fiscales en el caso Centros Poblados

Emilio Tapia fue exonerado de responsabilidad fiscal en el caso de Centros Poblados, de acuerdo con un fallo reciente de la Contraloría General. Este escándalo involucra irregularidades en la ejecución del contrato 1043 de 2020, destinado a establecer más de 7.000 puntos de internet en 16 departamentos de Colombia. El contrato fue adjudicado a la unión temporal liderada por Tapia tras un proceso de licitación.

El fallo de la Contraloría señala que las empresas ICM Ingenieros, Omega Buildings e Intec de la Costa, junto con tres exfuncionarios del Ministerio de las TIC—Adriana Meza Consuegra, Sandra Orjuela Méndez y Camilo Jiménez—, son responsables de las irregularidades. También se menciona a la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación. La suma total de las responsabilidades fiscales asciende a $69.970 millones.

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El documento de la Contraloría destaca una gestión ineficaz e inoportuna que resultó en el incumplimiento del contrato, ya que no se entregaron los equipos necesarios para el proyecto. Sin embargo, Emilio Tapia fue desvinculado de la investigación, y el proceso en su contra fue archivado, determinándose que no tiene responsabilidad fiscal alguna.

En cuanto a la situación legal de Tapia, la Corte Suprema ordenó a un juez de Bogotá que resuelva su solicitud de detención domiciliaria. Esta decisión se tomó porque, según la Corte, la defensa de Tapia en la audiencia de sustitución de medida de aseguramiento afirmó que el procesado renunció a estar presente en la diligencia, eliminando así la circunstancia excepcional que permitía la competencia de un funcionario judicial del Distrito de Barranquilla.

La magistrada Myriam Ávila Roldán fue la encargada de definir la competencia judicial para atender la petición de Tapia, que enfrenta cargos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. De acuerdo con la Corte, la solicitud de Tapia fue interpuesta en la ciudad de Barranquilla, en el departamento de Atlántico, donde actualmente se encuentra detenido en el centro penitenciario de mediana seguridad, El Bosque.

“La competencia para conocer la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento y/o revocatoria de la medida intramural, formulada por Emilio José Tapia Aldana corresponde a los Juzgados Penales Municipales con funciones de control de garantías de Bogotá -reparto-, a donde será remitida la actuación”, indicó la magistrada

La Contraloría General de la Nación reveló detalles sobre la condena millonaria de 87.000 millones de pesos que deberán pagar el consorcio Centros Poblados, el interventor y los proveedores involucrados. Alexandra Cárdenas, jefa de la Unidad de Investigación contra la Corrupción de la Contraloría, explicó en Semana que el fallo se produjo debido a la no ejecución del contrato entre Funtic y Centros Poblados.

El consorcio, que había ganado la licitación por más de $70.000 millones, no cumplió con la instalación de los puntos digitales prometidos. Además, se descubrió que presentaron una garantía bancaria falsa, lo que permitió el desembolso del anticipo de la suma. La situación llevó a la terminación anticipada del contrato y a la obligación de devolver los recursos públicos.

La contralora Cárdenas destacó que, aunque la Procuraduría archivó la investigación contra la ministra Karen Abudinen, el Estado sigue intentando recuperar los fondos perdidos. “El Estado entregó y se perdió”, afirmó Cárdenas, refiriéndose al anticipo que no fue utilizado correctamente, en charla con el medio citado.

Como se mencionó inicialmente, en el caso también está vinculado Emilio Tapia, conocido por su participación en el Carrusel de la Contratación en Bogotá, que estuvo involucrado en el desfalco de las arcas públicas. La Contraloría señaló que las irregularidades observadas en la ejecución del contrato generaron una falta de gestión fiscal, lo que acarrea responsabilidad fiscal para los contratistas.

La investigación de la Contraloría ha sido exhaustiva, y se basa en un acervo probatorio que incluye la falsedad de la póliza presentada por el consorcio. Esta situación ha impedido que las personas involucradas puedan contratar nuevamente con el Estado, ya que siguen reportadas en el boletín fiscal.