La próxima semana iniciará el debate de la reforma política, confirmó el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca

La reforma política en Colombia, impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, superó su primer debate en el Congreso, un paso importante en su camino legislativo.

Esta iniciativa busca transformar el sistema político del país y erradicar la corrupción desde sus raíces. La propuesta incluye cambios, como la financiación estatal total de las campañas políticas, lo que impediría que contratistas privados realicen aportes, aunque permitiría contribuciones de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos a los partidos para actividades específicas.

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Con el objetivo de saber más sobre lo que viene para la reforma política, en la mañana del 24 de octubre, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, le confirmó a Infobae Colombia que para la próxima semana, es decir, entre el domingo 27 de octubre y el 2 de noviembre, el proyecto será prioridad de discusión en la Cámara.

Añadió que los representantes están listos para dar el debate, dejando claro que habrá cuórum a la hora de votar, pues el objetivo es que pase lo más pronto posible a ser discutida en el Senado de la República.

El Gobierno ha acelerado el proceso legislativo de esta reforma, con la intención de completar los cuatro debates de la primera vuelta antes de diciembre de este año.

Sin embargo, el tiempo es limitado, y el éxito de esta ambiciosa reforma dependerá de la capacidad del Ejecutivo para negociar y lograr consensos en el Congreso. “Yo creo que como es primera vuelta pasa”, aseguró Salamanca.

Infobae también le preguntó sobre sus declaraciones en la COP16, sin embargo, el representante aseguró que frente a eso no tiene nada que decir.

La reforma política propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro en Colombia busca transformar el sistema electoral del país.

Uno de los puntos más destacados es la propuesta de financiación estatal de las campañas políticas, que pretende cubrir el 100% de los costos con fondos públicos. Este cambio tiene como objetivo evitar la influencia de intereses privados y reducir la corrupción en el proceso electoral.

Otro aspecto importante de la reforma es la implementación de listas cerradas y bloqueadas con un sistema de cremallera. Este mecanismo obliga a los partidos políticos a garantizar una representación equitativa de hombres y mujeres en sus listas de candidatos, promoviendo así la igualdad de género en la política colombiana.

La reforma también introduce la obligación de realizar elecciones primarias dentro de los partidos para definir sus listas de candidatos. Esta medida busca fomentar una mayor participación democrática y transparencia en la selección de candidatos al interior de las colectividades políticas.

En cuanto a la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), la reforma propone que se realice mediante una convocatoria pública. Este cambio eliminaría el actual sistema de postulaciones partidistas, con el fin de asegurar un proceso más transparente y libre de influencias políticas.

Aunque el voto obligatorio no fue aprobado en el primer debate, se ha dejado constancia para su discusión en futuras fases del proceso legislativo. Esta medida tiene como objetivo combatir el alto nivel de abstencionismo y fomentar una mayor cultura política entre los ciudadanos colombianos.

Los cambios propuestos por el Gobierno de Petro buscan garantizar una mayor transparencia y equidad en el sistema electoral colombiano, abordando problemas históricos de corrupción y desigualdad de género en la política del país.

Durante un evento de la COP16 en Cali, el presidente de la Cámara de Representantes fue objeto de críticas tras dejar su micrófono abierto y ser escuchado diciendo: “Yo dizque venía a Cali a descansar”. Este incidente se suma a una serie de controversias que han mantenido a Salamanca en el centro de la atención pública.

En otro episodio reciente, Salamanca sancionó al congresista Óscar Villamizar después de una acalorada discusión en la Cámara. Este enfrentamiento ha sido uno de los varios conflictos que han marcado su gestión al frente de la Cámara de Representantes. La medida disciplinaria tomada por Salamanca ha generado diversas reacciones en el ámbito político, reflejando las tensiones internas dentro del Congreso.

Además, durante el debate sobre la reforma laboral, Salamanca denunció haber recibido amenazas en su contra. Estas amenazas han sido un motivo de preocupación y han añadido una capa de complejidad a su ya desafiante posición como líder de la Cámara.