Colombianos tendrían que pagar más impuestos por cambio que busca el Congreso al Sistema General de Participaciones

Hay polémica en Colombia por el proyecto de Ley 437, “por el cual se fortalece la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, se modifica el artículo 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.

Esto, debido a que el mismo busca que, en 2035, y con un incremento anual del 2,26%, el Sistema General de Participaciones (SGP) alcance el 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación, dado que en el presente este indicador es de apenas el 20%.

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De esta forma, alcaldes y gobernadores no solo tendrán mayor autonomía en la ejecución de recursos, sino que robustecerán sus capacidades fiscales, por lo que la asignación de ingresos se dará, primero, bajo el criterio geográfico y, luego, sectorial.

Al respecto, son varios los expertos los que dieron su opinión. El director ejecutivo de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), Luis Fernando Mejía, aseguró que el proyecto tendrá, como consecuencia, que en 2036 las transferencias del SGP equivaldrían al 8,4% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representaría un incremento del 65% respecto al escenario base.

“Un aumento del 65% en las transferencias del SGP significaría $60 billones adicionales por año, un monto superior al presupuesto de inversión para 2025, que es de $44 billones. Esto implica que, incluso eliminando por completo la inversión del Gobierno nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud”, advirtió el experto en un debate de control político en la Comisión IV Constitucional del Senado de la República.

De igual manera, la presidenta del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), Astrid Martínez, expuso un análisis de la entidad. En la misma comisión, la vocera del Carf presentó las implicaciones del proyecto sobre la sostenibilidad fiscal del país y sobre el cumplimiento de la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto (PIB) y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB).

Señaló que la situación actual del Gobierno ya implica retos significativos en materia fiscal. El cumplimiento de la regla fiscal en 2024 está sujeto a que se cumplan las metas de recaudo tributario y al ajuste de gasto que se dé en el resto del año. “Para 2025, el Presupuesto General de la Nación (PGN) incluye una alta expectativa de recaudo por gestión y el recaudo esperado del proyecto de ley de financiamiento, que de no materializarse implicarán la necesidad de reducciones de gasto”, apuntó.

Enfatizó en que la programación del gasto 2024 y 2025 está al límite del espacio permitido por la regla fiscal, sin dejar espacio para reaccionar ante choques externos o internos. Esta posición implica riesgos, que se acentúan dado que más del 83% del gasto del Gobierno Nacional Central es inflexible.

En el mediano plazo, el proyecto incrementa los riesgos de la sostenibilidad fiscal. Al proponer un incremento de las transferencias a las entidades territoriales hasta el 46,5% de los ingresos corrientes nacionales en 2036, se generan los siguientes problemas:

• Incremento insostenible del gasto: el proyecto generaría una presión de gasto insostenible para el Gobierno Nacional Central (GNC), con el aumento de su déficit y una subida de la deuda neta a superar, ya no solo el nivel del ancla de la deuda compatible con la regla fiscal (55% del PIB), sino su nivel límite. Cuando la deuda pública sobrepasa su nivel límite (71% del PIB en el caso de Colombia) la probabilidad de que esta presente una tendencia explosiva (de no retorno) se incrementa de manera acelerada. En el mejor de los casos, esto elevaría de manera significativa los costos de financiamiento del Gobierno. En cualquier caso, se comprometería el financiamiento sostenido de las funciones esenciales del Estado que son competencia del GNC, como defensa e infraestructura.
• Se requerirían esfuerzos tributarios muy altos: se necesitarían alrededor de tres reformas tributarias promedio para financiar los incrementos adicionales de las transferencias, sin abrir espacio para la inversión pública.
• Riesgo para la regla fiscal: la reforma pondría en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal, que es un instrumento central para la generación de confianza y la estabilidad macroeconómica.
• Afectación a la inversión nacional: en vista de la alta inflexibilidad del gasto público, el aumento de las transferencias del SGP reduciría de manera significativa el espacio para inversión social y productiva. De acuerdo con las estimaciones del Carf, el limitado espacio que hoy tiene la inversión pública podría reducirse a cero y, aun así, no sería suficiente para compensar el aumento en el gasto de transferencias del SGP.

• La redistribución de competencias se deja para una discusión posterior, manteniendo un marco rígido del porcentaje de transferencias: el aumento anual propuesto de las transferencias durante diez años no tiene ninguna base objetiva. No parte de analizar las obligaciones de la Nación que no son transferibles, ni las competencias o responsabilidades que las entidades territoriales asumirían.
• Falta de análisis técnico: la propuesta carece de un análisis riguroso sobre las capacidades territoriales y las necesidades de financiación de los sectores que serían financiados por las mayores transferencias. Tampoco considera las fuentes totales que se utilizan para financiar sectores como educación, salud, agua potable y saneamiento básico.

El Carf espera que en el debate del proyecto de acto legislativo en el Congreso de la República se consideren de manera cuidadosa los efectos fiscales del proyecto de ley y se busquen alternativas que fortalezcan la descentralización sin comprometer la sostenibilidad fiscal de la Nación.

“Esta reflexión deberá tener en cuenta también que el gobierno enfrenta múltiples necesidades de gasto adicionales tales como las de atender el déficit estructural del sector salud, las implicaciones de la reforma pensional, así como la financiación del gasto climático en el mediano y largo plazo”, finalizó la entidad.