Desmantelaron el ‘cartel de los hospitales’: funcionarios de diferentes áreas se unían para embargar bienes de la salud

La Fiscalía General de Colombia reveló una investigación que destapó un esquema de corrupción conocido como el ‘cartel de los hospitales’, en el que funcionarios, abogados y jueces se habrían aliado para apropiarse ilegalmente de recursos públicos destinados a la salud.

Según informó Semana, la investigación, llevada a cabo en colaboración con el grupo contra la corrupción de la Dijín, descubrió que varios hospitales, principalmente en el norte del país, estaban realizando cobros coactivos ilegales a las EPS (Empresas Prestadoras de Salud).

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El modus operandi de este cartel consistía en embargar las cuentas de las EPS para desviar los fondos que el Estado destinaba a garantizar la atención médica en esas regiones. La Procuraduría General de la Nación fue la primera en advertir sobre estas irregularidades, lo que llevó a los investigadores a actuar rápidamente para destapar esta red de corrupción. En el departamento de Sucre, por ejemplo, se logró embargar más de 18.000 millones de pesos.

Según la información proporcionada a la revista, los procesos de cobro coactivo se estaban llevando a cabo en contra de disposiciones constitucionales y legales.

Se sospecha que un grupo de abogados asesoraba a los representantes legales de las Empresas Sociales del Estado (ESE), recibiendo hasta un 30% de los recursos parafiscales recaudados ilegalmente, los cuales deberían destinarse exclusivamente a la salud.

“Los procesos de cobro coactivo estarían siendo adelantados contra expresas disposiciones constitucionales y legales. Al parecer, existe un cartel de abogados que asesora a los representantes legales de las Empresas Sociales del Estado, que se remuneran hasta con el 30% de los recursos parafiscales recaudados ilegalmente y que tienen destinación exclusiva a salud”, fueron las palabras de la Procuraduría cuando enteró a la Fiscalía de lo que estaba ocurriendo.

Posteriormente añadieron que “algunos jueces y representantes legales de los centros hospitalarios, han hecho caso omiso de lo establecido en la ley y han continuado iniciando dichos trámites; además, han emitido providencias o actos administrativos, ordenando el embargo de los multimillonarios recursos de la salud administrados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la Adres”.

En las últimas horas, las autoridades emitieron órdenes de captura contra algunos representantes legales de hospitales involucrados en este esquema corrupto. Estos individuos habrían facilitado la ejecución de cobros coactivos ilegales contra las EPS, permitiendo así el desvío de fondos públicos.

Otros carteles en Colombia

En los últimos cinco años, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha sancionado al menos 28 carteles empresariales en Colombia, imponiendo multas que suman un total de $1.052 billones, según información de Asuntos Legales. Sin embargo, esta cifra inicial se redujo en $278.000 millones debido a la aplicación de reducciones parciales o totales en las sanciones económicas. Estas reducciones se otorgaron tras la resolución de recursos de reposición o mediante el Programa de Beneficios por Colaboración, que incentiva a los implicados a delatar prácticas ilegales.

Entre los casos más destacados se encuentra el denominado cartel del azúcar, que recibió una sanción de $324.441 millones. Esta multa fue distribuida entre un gremio, 14 empresas y un número igual de personas naturales involucradas. Este caso fue resuelto en 2015, y se encontró que los implicados habían distorsionado el mercado afectando la libre competencia.

A pesar de las sanciones impuestas, los consumidores, quienes son los más perjudicados por estas prácticas, no reciben compensación alguna. Según la fuente citada, cada año se presentan alrededor de 300 denuncias por prácticas restrictivas, pero solo se sancionan aproximadamente siete casos. Esto refleja un cuello de botella en las investigaciones de la SIC y un mal diseño institucional.

Las prácticas de cartelización afectan directamente a los consumidores al distorsionar los precios de bienes y servicios, lo que atenta contra la libre competencia. La SIC ha manifestado su compromiso de no dar tregua a estas prácticas ilegales, buscando proteger el mercado y los derechos de los consumidores.