Hernán Penagos aseguró que defenderá la Registraduría de las críticas del Gobierno Petro: “Nosotros responderemos ante los entes de control”

Hernán Penagos, registrador nacional de Colombia, afirmó que la Registraduría responderá ante los órganos de control y no ante funcionarios del gobierno, en respuesta a las críticas del secretario de Transparencia, Andrés Idarraga, sobre los procesos de contratación que lleva a cabo la entidad.

En un video difundido por Rcn Radio, Penagos enfatizó que en un Estado de Derecho, los funcionarios públicos deben rendir cuentas a los órganos de control, no a otros funcionarios del gobierno.

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“... precisamente es el escenario donde se debaten estas situaciones, por lo menos en un Estado de derecho, si funciona, en un estado democrático, ¿ante quién responde los funcionarios públicos?, pues a que los órganos de control...”, explicó Penagos en un video difundido por el medio ya mencionado.

Penagos destacó que más de veinte funcionarios han trabajado en la arquitectura de los procesos electorales en Colombia, y están preparados para responder ante cualquier requerimiento de los órganos de control. Estos funcionarios, según el registrador, han desempeñado su labor con dedicación y conocimiento técnico.

“... Un funcionario de gobierno lo puede sentenciar quienes cometa actos legales o ilegales, por lo menos que yo sepa. Eso es una tarea de los órganos de control y cuando ellos lo estimen pertinente, allá irán más de veinte funcionarios que han construido esta arquitectura que han trabajado con mucho juicio y que técnicamente conocen a detalle, cómo se han realizado los procesos electorales en Colombia; sin duda estarán atentos a asistir”, terminó de declarar el registrado.

El secretario de Transparencia, Andrés Idarraga, había cuestionado los procesos de contratación de la Registraduría, lo que llevó a Penagos a aclarar que la responsabilidad de evaluar la legalidad de las acciones de los funcionarios recae en los órganos de control, no en otros miembros del gobierno. Penagos insistió en que cualquier acto legal o ilegal debe ser juzgado por las entidades competentes.

La Registraduría Nacional, bajo la dirección de Penagos, ha estado en el centro de la atención debido a estos cuestionamientos, pero el registrador ha reiterado su compromiso con la transparencia y la legalidad en los procesos que lleva a cabo la entidad.

Según Rcn Radio, Penagos y su equipo están dispuestos a colaborar con los órganos de control para aclarar cualquier duda sobre sus procedimientos.

Hernán Penagos Giraldo, actual Registrador Nacional del Estado Civil de Colombia, enfrenta una demanda de nulidad electoral que cuestiona la legalidad de su elección para el periodo 2023-2027.

El Consejo de Estado está evaluando esta demanda, presentada por Harold Eduardo Sua Montaña y Leonardo Augusto Torres Calderón, quienes alegan irregularidades en el proceso de selección del funcionario.

Uno de los puntos centrales de la demanda es la supuesta inhabilitación de Penagos debido a su anterior cargo como magistrado del Consejo Nacional Electoral, que ocupó hasta septiembre de 2022.

Los demandantes argumentan que, conforme al artículo 126 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el Acto Legislativo 002 de 2015, esta situación podría impedir su inscripción en un nuevo cargo público, lo que haría que su nombramiento en junio de 2023 carezca de fundamento legal.

Además, los demandantes señalan la ausencia de un certificado especial de antecedentes disciplinarios, un requisito esencial para su admisión al concurso.

La falta de este documento se considera una violación a las normas establecidas para el proceso de selección, lo que añade más peso a la solicitud de anulación de su elección.

El caso ha generado un debate sobre la transparencia y legalidad de los procesos electorales en Colombia, destacando la importancia de cumplir con los requisitos de idoneidad y la correcta aplicación de la normativa vigente. La decisión del Consejo de Estado será crucial para determinar el futuro de Penagos en su cargo y podría sentar un precedente en la interpretación de las leyes electorales del país.