Ministra de Trabajo alertó que el 56% de los empleados en Colombia son informales, ¿a quién afecta más?

En Bogotá se llevó a cabo la XXII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, un evento de gran relevancia para la región. La Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que durante la conferencia se tratan asuntos clave relacionados con el empleo, la protección de los derechos laborales, el fomento de empresas sostenibles y la integración de nuevas tecnologías en los entornos laborales.

La OEA también señaló la importancia de combatir la pobreza y la desigualdad, aspectos que se convirtieron en retos estructurales para los países de América. En este contexto, se hizo énfasis en la necesidad de construir un “nuevo contrato social”, con el cual se pretende establecer un marco de cooperación que permita generar avances en términos de justicia social y equidad económica.

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El evento, que se celebró en el Hotel Tequendama, en Bogotá, contó con la participación de destacadas figuras del ámbito laboral y gubernamental de las Américas. En su intervención, la ministra de Trabajo de Colombia, Gloria Inés Ramírez, abordó la problemática de la informalidad laboral en el país, la cual, según datos del Departamento Nacional de Estadística (Dane), sigue siendo una preocupación. La ministra señaló que, “según el Dane la informalidad laboral alcanzó 56%,” lo que muestra la magnitud del desafío que representa para el Gobierno colombiano.

Sin embargo, destacó que hubo progresos significativos en la última década en la lucha contra este fenómeno, indicando que “en 2007 hubo una informalidad de 68,5%, hoy tenemos cerca de 12 puntos menos, es decir, 56%”.

La ministra Ramírez también aprovechó la conferencia para exponer los esfuerzos del Gobierno en la elaboración de una reforma laboral que busca responder a las demandas del contexto actual. Afirmó que, “estamos avanzando en una reforma laboral que tiene como eje el cumplimiento de los estándares nacionales, la paridad laboral, la estabilidad de los empleos, los procesos de descarbonización y regulación de plataformas digitales”

La ministra de Trabajo resaltó que las cifras de pobreza afectan de manera desproporcionada a ciertos grupos de la población, en particular a las mujeres, las comunidades indígenas y aquellas personas que residen en las áreas rurales del país. Estos sectores de la sociedad enfrentan barreras económicas y sociales que agravan su situación, acentuando las disparidades en términos de ingresos y acceso a oportunidades. Según las palabras de la ministra, “la incidencia de la pobreza también es más alta para las mujeres, la población indígena y las personas que viven en las zonas rurales”.

La desigualdad, tanto en lo económico como en lo social, es un tema recurrente en los informes y estudios recientes, y Colombia se destaca negativamente en este sentido. La ministra, al abordar este punto, hizo énfasis en uno de los indicadores más alarmantes del país: el Coeficiente de Gini, el cual mide la distribución del ingreso y las brechas de desigualdad. Durante su intervención, explicó que “en el Coeficiente de Gini registramos 11 puntos adicionales, es decir, 0,56, convirtiéndonos en el país más desigual de la región y uno de los más desiguales del mundo”.

El panorama de la informalidad laboral varía significativamente entre ciudades. Las tasas más altas se presentaron en Sincelejo (65,7%), Valledupar (62,0%) y Riohacha (61,9%), que lideraron el ranking en cuanto a proporción de empleo informal. En el otro extremo, las ciudades con menores niveles de informalidad fueron Manizales (34,0%), Bogotá (34,7%) y Medellín (37,6%). Neiva registró el mayor incremento en informalidad, con un alza del 2,4%, alcanzando una tasa del 50,6%. Otras ciudades con aumentos considerables fueron Pasto y Cúcuta, con incrementos del 1,4% cada una, lo que situó la informalidad de Pasto en 55,5% y la de Cúcuta en 60,3%.

En contraste, Medellín y su área metropolitana experimentaron la mayor reducción de informalidad, con una disminución del 1,3%. Florencia también mostró un descenso, bajando 0,7%, mientras que Montería, Villavicencio y Manizales redujeron su informalidad en 0,6%, 0,6% y 0,2%, respectivamente.