Jueces penales de Bogotá apoyan rebaja de penas para agresores de niños por congestión de casos: “Se presenta impunidad”

Luego del feminicidio de Sofía Delgado, la niña de 12 años que fue buscada por su familia durante 19 días y cuyo cuerpo fue hallado en un cañaduzal de Candelaria (Valle del Cauca), se intensificó el debate sobre las penas que deberían recibir las personas señaladas como responsables de agresiones a niños, niñas y adolescentes. La gobernadora del departamento, Dilian Francisco Toro, es una de las políticas que se pronunció al respecto, pidiendo cadena perpetua para asesinos de menores de edad.

“Ante el cobarde asesinato de la pequeña Sofía Delgado y de tantos otros menores en nuestro País, debemos pensar en establecer la cadena perpetua para los monstruos que asesinan niños”, escribió en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sin embargo, criticó la reforma a la justicia (proyecto de ley 281 de 2024) que actualmente cursa en el Congreso de la República y que contempla la disminución del tiempo de privación de la libertad para personas que sean halladas culpables de crímenes cometidos contra menores de 18 años.

“Están presentando una reforma a la justicia que disminuye las penas, donde hay un principio de oportunidad para estos violadores y asesinos ¡Eso no puede ser! Voy a hacer una carta, voy a trabajar con la gente porque eso no lo podemos permitir, al contrario, hay que endurecer las penas, hay que darles un escarmiento para que no haya más personas que hagan lo mismo que hizo este asesino”, aseveró la gobernadora.

A pesar de la polémica ha generado el cuestionado proyecto de ley, hay quienes muestran una postura a favor, entre ellos, los jueces penales del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá, que aseguraron que el número de casos de violencia ejercida sobre los niños, niñas y adolescentes, se acumulan en el sistema judicial. Esto lleva a la falta de resultados por parte del mismo.

“(Los jueces) ven palmarias las cifras de procesos que congestionan el aparato judicial y debido a ello se presenta impunidad por la tardía recepción de los testimonios de los menores, quienes olvidan los episodios, o incluso resultan ser manipulados buscando con ello la retractación, sin mencionar además el escarnio a que deben ser sometidas las víctimas de los abusos cuando rinden su testimonio”, se lee en el comunicado oficial.

El relato de los hechos que deben hacer los menores suponen una forma de revictimización, pero, sin su testimonio, los jueces no pueden tomar decisiones con respecto a los responsables de las agresiones cometidas en su contra. Es por eso que, no solo se ve con buenos ojos la reducción de penas de los señalados criminales, sino que también se contempla la terminación anticipada de los procesos penales.

No obstante, la Procuraduría General de la Nación emitió un concepto completamente diferente, en el que recalca que los problemas de dilación de los procesos penales tienen solución, por lo que la rebaja de penas no sería el camino para ayudar a descongestionar el aparato judicial. La clave para garantizar la justicia en estos casos es hacer investigaciones robustas y adecuadas.

Además, de acuerdo con el procurador Delegado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Christian Wolffhügel, citado por el organismo de control, la reducción de penas no es una garantía de que los procesos judiciales serán más ágiles, porque, además, no impide que los procesados interpongan recursos para evitar cumplir con la condena.

El hecho de disminuir el tiempo en prisión para los agresores de niños podría interpretarse como una minimización de la gravedad de los crímenes, ya sean violaciones sexuales o asesinatos, por ejemplo. Eso terminaría por afectar la confianza en el sistema judicial.