
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia solicitó condenar al exgobernador de Santander Hugo Aguilar por las irregularidades que se denunciaron en las obras de construcción del Parque Nacional Chicamocha (Panachi) entre 2005 y 2007.
A través de su cuenta oficial de la red social X, desde el organismo investigador señalaron que hubo inconsistencias en “la celebración de 12 convenios” durante el desarrollo de este proyecto en el oriente del departamento.
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”Con esta petición culminó en la Sala Especial de Primera Instancia de @CorteSupremaJ el juicio oral que se seguía en contra del exmandatario departamental por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. En los próximos días se conocerá el sentido de fallo (sic)”, trinaron en la entidad.
Este es uno de los 24 procesos judiciales que pesan contra el también policía retirado, que a inicios de este 2024 compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) donde entregó nuevos detalles de algunas de las irregularidades que se dieron en la construcción de Panachi, donde trabajaron integrantes de grupos guerrilleros y contrainsurgentes.
En la versión que entregó en la JEP, aseguró también que el exrepresentante a la Cámara Nelson Naranjo fue precisamente el que colaboró con esos procesos contractuales, ya que tenía cumplir con el pacto ilegal con paramilitares que le brindaron apoyo en su campaña electoral al Congreso.
“Llevó los reinsertados para cumplir con unos compromisos porque él reconoció que consiguió la curul gracias al apoyo de Ernesto Báez”, sostuvo ante la JEP.
En el medio radial recogieron que la inclusión de ‘paras’ en las obras, según reconoció el mismo Aguilar, se daba para consumar la alianza que había sostenido con la organización contrainsurgente.
“Acepto la condena de la Corte, por el beneficio que recibí de las AUC y reinsertados que trabajaron en el parque. Tenía conocimiento y con eso se estaba cumpliendo a la organización pese a que ya había un proceso de paz, donde decía que ya podían trabajar en obras civiles”, aseveró.

No obstante, negó que hubiera recibido dinero de ese desaparecido grupo armado organizado, pero reiteró que si le brindaron apoyo durante su campaña a la Gobernación.
“Asumo la responsabilidad por el afán de ser gobernador, pido perdón y hoy me arrepiento; además de las consecuencias que he pagado por mi familia y la vergüenza con el pueblo santandereano”, afirmó.
El que fuera el comandante del Bloque de Búsqueda, una fuerza especial que se conformó en 1989 con policías y militares del Ejército Nacional para capturar a Pablo Escobar, tras hacer uso del buen retiro en el grado de teniente coronel de la Policía en 1994, se dedicó a la política tras su salida de esa institución.
Su primer cargo como servidor público, ya no como uniformado, fue en la Asamblea de Santander tras ser elegido diputado con 17.000 votos en 2001. Pero duró en el cargo un año y se lanzó a la Gobernación, en cuya campaña hubo apoyo de las extintas AUC, que meses después iniciaron el proceso de paz con el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, con el que se desmovilizaron.
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