Extinción de bienes de poderoso narco colombiano generó un enfrentamiento entre la Fiscalía y la Corte Suprema: habría cientos de millones embolatados

La Fiscalía General de la Nación se encuentra en el centro de un escándalo por un proceso de extinción de dominio que lleva más de diez años en curso, relacionado con el narcotraficante José Ignacio Álvarez Meyendorff y otras 40 personas.

Este caso, considerado por Semana como uno de los más antiguos y costosos en la historia de la extinción de dominio en Colombia, involucra más de dos billones de pesos en bienes incautados, que incluyen propiedades valoradas en más de 109.000 millones de pesos.

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En junio de 2021, el magistrado Diego Corredor, de la Corte Suprema de Justicia, otorgó un plazo de doce meses a la Fiscalía para resolver la investigación y devolver los bienes.

Sin embargo, al cumplirse el plazo, el proceso no había avanzado, lo que llevó a los afectados a presentar un incidente de desacato, revelando presuntas irregularidades y abusos de poder dentro de la Fiscalía.

A pesar de la orden de la Corte Suprema para cerrar la investigación, el fiscal a cargo, José Uriel Acero, y el director de Extinción de Dominio, José Iván Caro, decidieron ignorar el fallo, argumentando la complejidad del caso y prolongando indefinidamente la decisión sobre el futuro de los bienes, según la fuente citada.

Según denuncias tomadas por Semana, la Fiscalía presentó supuestas notificaciones que nunca llegaron o que contenían datos incorrectos, lo que fue desmentido por los afectados, quienes lograron demostrar que el fiscal mintió a la sala de extinción de dominio del Tribunal de Bogotá.

A pesar de que el Tribunal de Bogotá admitió el desacato, la Fiscalía se mantuvo en su postura de negarse a devolver los bienes, a pesar de haber tenido una década para investigar. La Corte Suprema reiteró que la carga de trabajo o la complejidad de los procesos no justifican la dilación injustificada, dejando claro que no se pueden ignorar las órdenes judiciales.

La situación ha generado un clima de desconfianza en la justicia, ya que, a pesar de las órdenes de la Corte, la Fiscalía ha mantenido su postura de dilación.

De acuerdo con el medio mencionado, los afectados consideran que esta es una clara evidencia de un abuso de poder que debe ser abordado con urgencia. Las propiedades, que ahora están en ruina, permanecen bajo la administración del Estado mientras las 40 personas involucradas siguen esperando una resolución que parece lejana.

La denuncia de los afectados incluyó a magistrados del Tribunal de Bogotá, quienes decidieron extender los plazos, permitiendo que el fiscal tomara más tiempo para decidir sobre el caso. Esta complicidad ha levantado serias dudas sobre la transparencia y efectividad del sistema judicial en este caso, donde los intereses de justicia parecen haberse visto comprometidos.

Nacido el 2 de mayo de 1960 en Palmira, Valle del Cauca, Álvarez Meyendorff proviene de una familia acomodada que le brindó una educación en los mejores colegios de Cali.

Su incursión en el mundo del narcotráfico comenzó con el tráfico de artesanías orientales, lo que atrajo la atención de los capos del Cartel de Cali. Según el libro Historia de la droga en la Argentina, uno de estos capos le confió diez millones de dólares, que Álvarez Meyendorff devolvió con cinco millones adicionales en ganancias, ganándose así la confianza de los narcotraficantes más poderosos de la región.

Junto a su hermano Juan Álvarez Meyendorff, Ignacio adquirió casi 400 propiedades y constituyó numerosas empresas de papel para lavar dinero del narcotráfico.

La Fiscalía colombiana estima que su fortuna podría alcanzar los 2 billones de pesos. Ambos hermanos han sido vinculados con figuras como Wílber Varela, alias Jabón, y Víctor Patiño Fómeque, alias el Químico. Además, se les acusa de negociar droga con la extinta guerrilla de las Farc y las AUC.

En 2004, tras el secuestro de su madre en Colombia, Álvarez Meyendorff se trasladó a Argentina, donde continuó sus operaciones de lavado de activos, acumulando propiedades en varias provincias.

Sin embargo, en 2011 fue capturado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria al regresar de un vuelo desde Tahití, solicitado por una corte estadounidense por tráfico de cocaína. La operación que llevó a su captura fue calificada por Julián Quintana, jefe de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos, como “el golpe más duro en la historia de la Fiscalía”.

El proceso judicial en Colombia ha pasado por varios fiscales, incluyendo a Rodrigo Aldana, quien decretó medidas cautelares sobre 362 propiedades. No obstante, Aldana fue condenado por aceptar sobornos de Otto Bula, un condenado por el caso Odebrecht, quien le ofreció un apartamento a cambio de levantar las medidas sobre tres predios.