El uso de cigarrillos electrónicos ha aumentado exponencialmente entre los jóvenes en Bogotá, según un estudio de la Facultad de Salud de la Universidad Manuela Beltrán.
Este fenómeno se produce a pesar de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los riesgos para la salud que estos dispositivos representan.
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En este contexto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia ha impuesto multas millonarias a dos empresas productoras de cigarrillos electrónicos por incumplir las normas de protección al consumidor.
La SIC sancionó a British American Tobacco Colombia (BAT) con una multa de $1.218 millones y a Inversiones GluCloud S.A.S. (Glu) con $589.280.000. Según el organismo regulador, estas empresas no proporcionaron información clara y suficiente sobre los efectos nocivos de sus productos, incluyendo el nivel de nicotina y sus consecuencias para la salud, como el aumento de enfermedades cardíacas, pulmonares y gástricas.
“Al parecer, no indicó en el empaque ni en las guías de usuario claramente sobre la nocividad de los productos comercializados ni indicó claramente en el empaque y en las guías de usuario las condiciones o indicaciones necesarias para su correcta utilización, sino que, presuntamente, dejó a mera liberalidad de los consumidores el uso de dichos productos”, señaló la Superintendencia en un comunicado.
La falta de información adecuada sobre los cigarrillos electrónicos, tanto con nicotina como sin ella, es un problema que la SIC busca corregir. La entidad hizo énfasis en la necesidad de que los consumidores estén plenamente informados sobre los riesgos asociados con el uso de estos dispositivos. Además, la entidad señaló que el marketing de estos productos afecta especialmente a niños y adolescentes, lo que destaca la importancia de proteger a esta población vulnerable.
“Se manifestó una presunta infracción a los derechos de los consumidores, en relación con la publicidad, empaquetado y etiquetado de los productos vype derivados del tabaco y el incumplimiento de los artículos 13 y siguientes de la Ley 1335 de 2009 y la Ley 1480 de 2011″, comentó la entidad.
En el marco legal, la ley 2354 de 2024, sancionada por el presidente Gustavo Petro, regula el consumo, venta, publicidad y promoción de cigarrillos electrónicos en Colombia. Esta legislación prohíbe su venta a menores de edad y su uso en espacios cerrados, además de exigir que los fabricantes proporcionen información clara sobre los efectos de estos productos en la salud.
El estudio “Primeros indicios sobre enfermedades asociadas al vapeo en Colombia”, publicado en noviembre de 2023, revela que los cigarrillos electrónicos se han popularizado entre la población joven del país, incluyendo a menores de edad. Se estima que 1.1 millones de colombianos consumen estos dispositivos, lo que plantea serias preocupaciones de salud pública.
La SIC también ha destacado que las empresas sancionadas no cumplieron con los artículos 13 y siguientes de la Ley 1335 de 2009 y la Ley 1480 de 2011, que regulan la publicidad, empaquetado y etiquetado de productos derivados del tabaco.
La resolución 51415 de 2024 detalla que hubo una falta de información precisa sobre la intensidad de la nicotina en los dispositivos y que la información mínima proporcionada estaba en un idioma diferente al castellano.
La situación es alarmante, ya que el aumento del uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos entre los jóvenes se da en un contexto de creciente preocupación por los efectos adversos para la salud. La percepción errónea de que estos dispositivos son menos nocivos que los cigarrillos tradicionales podría estar contribuyendo a su popularidad.
De hecho, la Red PaPaz ya se había pronunciado sobre la creciente venta de estos dispositivos a los jóvenes sin que se informen de las consecuencias.
“Estas decisiones son significativas, ya que buscan que la ciudadanía sepa con claridad que los cigarrillos electrónicos, con y sin nicotina, son nocivos para la salud. Además, alertan sobre cómo el mercadeo de estos productos afecta a niñas, niños y adolescentes, contribuyendo así a la protección de la población infantil y adolescente”, señaló la red.