Una nueva discusión se originó en el Cabildo Distrital debido a la gestión del tráfico y las medidas de seguridad que se están implementando en Bogotá para la seguridad vial y regular los tiempos de tránsito en los corredores de la capital.
En el encuentro se puntualizó que la ciudad está enfrentando un desafío persistente en la gestión por parte de las autoridades, a pesar de una inversión significativa en el nuevo esquema de movilidad de Bogotá.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
De acuerdo con la información que suministró la cabildante Cristina Calderón Restrepo, desde 2021, la ciudad ha destinado más de $120.000 millones a la implementación de un sistema que incluye al Cuerpo de Agentes Civiles Azules, Agentes de Tránsito de la Policía y Guías de Movilidad. Sin embargo, la congestión vehicular, los accidentes y los problemas de estacionamiento indebido continúan siendo una constante, según un informe reciente.
La concejala señaló que actualmente Bogotá cuenta con 1.359 personas dedicadas a mejorar la movilidad: 450 Agentes Civiles de Tránsito, 209 contratistas del Grupo Guía y 700 policías de tránsito. A pesar de esos esfuerzos, los resultados no han sido satisfactorios en relación con el costo asumido. Calderón criticó la falta de estrategia y eficiencia de los agentes, destacando la ausencia de un plan claro para gestionar las vías de manera territorial.
Desde 2019, la Secretaría de Movilidad ha incrementado el número de Agentes Civiles de Tránsito de 150 a 450, con un costo cercano a $40.000 millones. Además, se han invertido $50.000 millones en Agentes de Tránsito de la Policía, quienes, según la ley, deberían ser desmantelados gradualmente. Los Guías de Movilidad, que no tienen la facultad de imponer sanciones, han representado una inversión de $30 000 millones. Desde el Concejo de Bogotá se alertó sobre una proyección de recursos de más de $34.000 millones para contratar más guías hasta 2027.
La concejal Calderón enfatizó en la necesidad de priorizar la seguridad vial y mejorar la infraestructura vehicular, sugiriendo la implementación de Big Data e Inteligencia Artificial para predecir riesgos y optimizar el tráfico. También ha propuesto ajustar la distribución de los Agentes Civiles de Tránsito a las particularidades de cada zona de la ciudad.
“La ciudad no necesita más guías de tránsito. Aunque la pedagogía con los ciudadanos es importante, debemos priorizar la seguridad vial, mejorar la infraestructura vehicular, controlar a los mal parqueados, y asegurar una respuesta rápida y eficiente tras los accidentes”, sumó la concejala.
En 2024, se han realizado 14,707 operativos de control para la recuperación del espacio público, con un promedio de 300 operativos semanales y 40,187 comparendos por estacionamiento indebido. Sin embargo, esos esfuerzos no han sido suficientes, y desde el cabildo destacan la necesidad de tecnologías modernas para sancionar a los infractores de manera eficiente.
El desmonte gradual de la Policía de Tránsito, anunciado en 2019 como parte de la Política Presidencial ‘Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana’, aún no se ha concretado. Según la Secretaría de Movilidad, no han recibido instrucciones del Gobierno Nacional para iniciar ese proceso, lo que ha generado una competencia entre los policías de tránsito y los agentes civiles.
Por su parte, el concejal Emel Rojas señaló la incertidumbre administrativa que eso genera, mientras que el Concejal Julián Forero ha denunciado la inasistencia de los agentes de tránsito a las audiencias de impugnación de comparendos, afectando el debido proceso y perjudicando a los ciudadanos.
Ante esta situación, se ha establecido una mesa de trabajo con las autoridades competentes para buscar soluciones que garanticen la presencia de los agentes en las audiencias y el respeto a los derechos de los ciudadanos. Forero presentó una denuncia formal ante la Personería de Bogotá, solicitando una investigación para evitar que esta problemática persista.
“Los agentes de tránsito hacen lo que quieren con los conductores ¿y saben por qué? Porque la Secretaría de Movilidad es quien los contrata, capacita y sanciona, es decir, nunca tienen una repercusión real y por esa razón, siempre que un compañero conductor le dice a un Agente que el procedimiento que está realizando está mal, la respuesta del Agente es: “si no está de acuerdo, vaya e impugne”, porque saben que pueden faltar a las audiencias sin repercusiones”, concluyó el concejal.