Chiquita Brands buscó reducir el monto de reparación que deberá pagar a las víctimas del paramilitarismo

El 10 de junio, un juzgado en Florida, Estados Unidos, declaró culpable a la multinacional Chiquita Brands de haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia entre 1997 y 2004, por lo que tendrá que reparar a las víctimas que dejó el grupo paramilitar en el Urabá.

Cabe recordar que, el litigio, que duro más de 17 años, terminó luego de que se determinará que la empresa entregó dinero a las AUC, lo que permitió que registrara el auge del grupo armado liderado por Carlos Castaño.

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En el juicio se definió que la multinacional, que tiene presencia en alrededor de 70 países y emplea a más de 18.000 personas, tendrá que pagar a demandantes y víctimas de las autodefensas más de $38 millones de dólares.

Cuatro meses después de la decisión tomada por el juzgado, se conoció que la empresa solicitó reducir el monto de la indemnización que tendrá que pagar a las víctimas del paramilitarismo en Colombia, pero esto fue rechazado por un jurado federal de Florida.

“Chiquita solicitó a la corte que determinara que la ley colombiana limita los daños a una fracción de lo que el jurado otorgó. Pero la corte determinó que Colombia no limita los daños y, aun si lo hiciera, esos límites no se aplicarían a Chiquita, porque no tiene sede en Colombia”, reveló EarthRights International, que ha seguido el caso desde 2007.

Cabe recordar que, en el juicio también se determinó que a pesar de que los representantes de la multinacional afirmaron que accedieron a entregar el dinero por amenazas y extorsiones de las AUC, eso no exonera de su responsabilidad a la empresa.

Además, este juicio se registró por la muerte de nueve víctimas del grupo armado, pero es solo uno de los múltiples procesos judiciales que hay contra Chiquita Brands, que entregó 1,7 millones de dólares entre los años señalados.

En Colombia, la investigación en contra de miembros de la multinacional sigue detenida a pesar de que la acusación de la Fiscalía indicó que “desde Cincinnati (sede principal de Chiquita Brands) aprobaron los pagos a las AUC de Santa Marta, los cuales se hacían a través de los “Manager funds” que salían a su nombre y correspondían al volumen exportado por las fincas del Retiro de dicha región”, en un proceso en el que están vinculados el presidente ejecutivo de la bananera en ese entonces, abogados de la empresa y otros integrantes que ayudaron en la conformación de las llamadas “Convivir”.

Sobre este tema, el abogado Marco Simons, representante de las familias que demandaron a la multinacional, declaró a El Tiempo que la empresa intentó hacer que el caso se cerrará en más de una ocasión.

“Hemos esperado mucho tiempo para la resolución de varios temas procesales. Es simplemente un proceso legal lento y Chiquita Brands ha tratado repetidas veces de hacer que este caso se cierre y que no llegue al juicio”.

Es por ello que Simons afirmó que la condena contra Chiquita Brands era algo significativo para las familias de las víctimas, recordando que esta empresa también es señalada por la Masacre de las Bananeras, un hecho por el que no se responsabilizó.

“Sí, es la misma compañía, pero con distinto nombre. Tiene una larga historia en América Latina, incluido Colombia. Ha habido muchas alegaciones de involucramiento en abusos de los derechos humanos y otros crímenes potenciales durante muchos años, en más de un siglo. Yo sé que Chiquita Brands ha sido denunciada en los Estados Unidos por temas relacionados con sus operaciones en América Latina, pero no sé de otros casos que involucren violencia de esta manera. Es la primera vez que Chiquita Brands es responsabilizada en este sentido”